@abrilpenaabreu
Un video estremecedor circula en redes sociales. Un joven, señalado como delincuente, aparece aparentemente desarmado y con las manos en alto segundos antes de ser abatido por agentes policiales, las imágenes han generado indignación en unos, aplausos en otros y una pregunta incómoda que como sociedad no podemos evadir: ¿qué estamos legitimando?
Antes de cualquier juicio definitivo, corresponde a las autoridades investigar con rigor qué ocurrió realmente, las imágenes deben ser verificadas, el contexto reconstruido y las responsabilidades establecidas, pero precisamente porque existe un video, porque hay dudas razonables y porque la vida humana está de por medio, el país merece respuestas claras.
Si un ciudadano —aunque tenga antecedentes, aunque esté acusado de delitos, aunque haya aterrorizado comunidades— se encuentra rendido, desarmado o bajo control de las autoridades, el Estado tiene la obligación de detenerlo y someterlo a la justicia, no de ejecutarlo.
La diferencia entre un Estado de derecho y la barbarie no está en cómo trata a los inocentes; está en cómo trata a los culpables.
Muchos celebran, “Uno menos”, dicen algunos. “Así es que se resuelve”, sostienen otros, cansados de la delincuencia, de la impunidad y del miedo, ese sentimiento no puede ignorarse, la desesperación ciudadana es real, hay barrios secuestrados por el crimen, comerciantes extorsionados, familias encerradas temprano por temor a ser víctimas.
Pero la justicia por la vía de la ejecución tiene un problema enorme: hoy parece satisfacer la rabia colectiva, mañana puede tragarse a un inocente.
La historia dominicana y latinoamericana está llena de casos donde agentes del orden “se equivocaron”, confundieron, fabricaron versiones o actuaron sin controles suficientes, cuando se normaliza que un policía decida quién vive y quién muere, todos quedamos en riesgo, porque las garantías no se construyen para proteger al perfecto; se construyen para evitar abusos del poder.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿es esta la reforma policial que nos prometieron?
Una reforma policial no puede medirse únicamente por patrullas nuevas, uniformes o discursos. Se mide por protocolos, formación, control del uso de la fuerza, transparencia y confianza ciudadana, se mide cuando un agente sabe reducir, arrestar y llevar ante un juez, incluso al criminal más peligroso.
Porque matar no resuelve el problema estructural de la delincuencia.
La criminalidad funciona como una hidra: cortas una cabeza y aparecen dos más si no atacas las causas profundas, pobreza extrema, exclusión, impunidad, microtráfico, armas ilegales, deserción escolar, debilidad institucional y un sistema de justicia lento son parte de un problema mucho más complejo.
Eliminar personas no elimina estructuras criminales.
Peor aún: cuando un sospechoso muere sin hablar, también mueren posibles respuestas. ¿Actuaba solo? ¿Respondía a una red? ¿Quién lo financiaba? ¿A quién protegía? ¿Qué otros delitos podían esclarecerse? Son preguntas legítimas que solo una investigación y un debido proceso pueden responder.
La seguridad ciudadana no puede depender de videos virales, emociones momentáneas o aplausos digitales. Un país no se fortalece cuando la muerte se convierte en espectáculo ni cuando la indignación sustituye la justicia.
República Dominicana necesita firmeza contra el crimen, sí, pero firmeza no es sinónimo de ejecución, el Estado debe ser más fuerte que los delincuentes, no parecerse a ellos.
Porque el día que aceptemos que matar al rendido es normal, habremos cruzado una línea muy peligrosa: la de creer que la ley solo sirve para algunos.
Y cuando eso ocurre, nadie está realmente seguro.
RD al Descubierto | Más allá del titular
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