Santo Domingo. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una legislación orientada a impulsar el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana.
La normativa fue aprobada por el Congreso Nacional y forma parte del denominado plan anticrisis impulsado por el Gobierno. Entre sus principales disposiciones figuran una amnistía fiscal temporal, facilidades para la regularización de deudas tributarias, incentivos a sectores productivos y modificaciones al régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La ley permitirá a personas físicas y empresas ponerse al día con obligaciones pendientes mediante acuerdos especiales con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incluyendo descuentos en recargos, facilidades de pago y mecanismos simplificados para regularizar deudas acumuladas. La medida busca aumentar la formalidad económica y mejorar la capacidad de recaudo sin recurrir a aumentos generalizados de impuestos.
Entre los cambios anunciados también figura la eliminación del anticipo para microempresas, la reducción de cargas administrativas para pequeños contribuyentes y la formalización de acuerdos de pago dentro del Código Tributario. Asimismo, se introducen incentivos para la inversión privada y para sectores considerados estratégicos para la generación de empleos.
La legislación contempla además ajustes al ISR para personas físicas a partir del ejercicio fiscal de 2027, una actualización de la escala progresiva del impuesto y nuevas disposiciones relacionadas con ganancias de capital inmobiliarias, manteniendo exenciones para viviendas habituales bajo determinadas condiciones.
El Gobierno ha defendido la Ley 30-26 argumentando que permitirá fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, estimular la actividad económica y ofrecer herramientas para enfrentar un entorno internacional marcado por la desaceleración económica y la incertidumbre en los mercados globales.
No obstante, diversos sectores empresariales, economistas y actores políticos han adelantado que seguirán evaluando el impacto real de las medidas, especialmente aquellas vinculadas a la tributación futura y a la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin afectar la competitividad del país.
¿Qué cambia para los contribuyentes?
- Amnistía fiscal temporal para regularizar deudas tributarias.
- Facilidades de pago y descuentos en recargos.
- Eliminación del anticipo para microempresas.
- Ajustes al ISR a partir de 2027.
- Incentivos para sectores productivos e inversión privada.
- Nuevos mecanismos de cumplimiento tributario simplificado.
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