El silencio que merece una explicación
¿Qué saben los sectores económicos que el resto del país no sabe?
En República Dominicana estamos acostumbrados a que cualquier medida que afecte impuestos, costos operativos o márgenes de ganancia genere una reacción inmediata. Comunicados, ruedas de prensa, reuniones de emergencia, advertencias sobre empleos y competitividad. Ha ocurrido durante décadas y con gobiernos de todos los colores.
Por eso llama la atención lo ocurrido con el reciente paquete de medidas económicas aprobado por las autoridades.
No porque existan o no méritos para respaldarlo. No porque las medidas sean necesariamente correctas o incorrectas. Lo que resulta llamativo es la velocidad con la que avanzó el proceso y, sobre todo, la relativa ausencia de resistencia pública por parte de sectores que históricamente han defendido con firmeza sus intereses.
La pregunta no es conspirativa. Es política, económica y periodística.
¿Por qué esta vez no hubo una batalla mayor?
Algunos dirán que se trata de un acto de responsabilidad. Que los distintos actores comprendieron la necesidad de actuar en un contexto internacional complejo y decidieron poner el interés nacional por encima de las diferencias particulares.
Es una posibilidad.
Otros argumentarán que el proyecto fue ampliamente discutido antes de llegar a la fase pública y que muchas de las preocupaciones ya habían sido canalizadas mediante negociaciones previas.
También es posible.
Sin embargo, existe una tercera lectura que merece ser analizada: que quienes tienen acceso a información económica más detallada hayan concluido que el costo de no hacer nada sería superior al costo de aceptar medidas que, en circunstancias normales, habrían generado una oposición mucho más fuerte.
Si esa fuera la explicación, entonces el verdadero debate no estaría en las medidas en sí mismas, sino en la magnitud de los desafíos que enfrenta la economía dominicana en el corto y mediano plazo.
Porque mientras los indicadores macroeconómicos continúan mostrando fortalezas importantes —crecimiento económico, estabilidad financiera y capacidad de atracción de inversiones—, la realidad cotidiana de muchas familias cuenta una historia diferente.
El costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares. Los precios de bienes y servicios pesan cada vez más sobre los presupuestos familiares. El crédito es más caro que hace algunos años. Y la incertidumbre internacional sigue proyectando sombras sobre economías abiertas y dependientes del comercio como la nuestra.
Nada de esto significa que estemos frente a una crisis inminente.
Pero tampoco significa que todo esté tan bien como sugieren algunos discursos triunfalistas.
La responsabilidad de un gobierno no es únicamente tomar decisiones difíciles cuando son necesarias. También es explicar con claridad por qué son necesarias. Y la responsabilidad de los sectores económicos no es solamente negociar en privado, sino contribuir a que la sociedad comprenda los desafíos que enfrenta el país.
Porque cuando quienes normalmente protestan guardan silencio, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué factores influyeron en esa decisión.
Las democracias saludables no se sostienen únicamente con decisiones correctas. También requieren transparencia, debate público e información suficiente para que los ciudadanos puedan comprender el contexto en el que esas decisiones se toman.
Quizás no estamos ante una señal de alarma.
Quizás estamos, simplemente, ante una señal que merece ser escuchada.
Y cuando el silencio proviene de actores acostumbrados a hacer oír su voz, ignorarlo sería un error.
Porque a veces, en política y en economía, lo más importante no es lo que se dice. Es lo que deja de decirse.
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