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En un giro inesperado, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue citado a declarar por la Fiscalía colombiana en relación con dos trágicos eventos ocurridos en el departamento de Antioquia, específicamente las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas por grupos paramilitares hace tres décadas.
Según información proporcionada por el propio Uribe a través de una red social, su equipo de abogados recibió notificación de la Fiscalía Tercera para que se presente a indagatoria en relación con estos sucesos. Además, se le solicita que brinde declaraciones sobre el asesinato del reconocido defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998 en Medellín, así como sobre un asunto relacionado con la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.
La matanza de La Granja, ocurrida en 1996, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y numerosos desplazados, mientras que la de El Aro, perpetrada al año siguiente, cobró la vida de 15 personas. La investigación sobre la posible participación de Álvaro Uribe en estos eventos se remonta a 2015, cuando la Fiscalía General anunció que examinaría su implicación en la masacre de El Aro, basándose en testimonios que sugieren la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante el ataque, cuando Uribe ocupaba el cargo de gobernador.
Jesús María Valle Jaramillo, un destacado abogado defensor de derechos humanos, había recibido amenazas de muerte en el contexto del conflicto armado colombiano. Su legado incluye la presidencia del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, lo que lo convirtió en una figura relevante en la lucha por los derechos humanos en una época marcada por la violencia.
La investigación en curso sobre Álvaro Uribe y su posible relación con el paramilitarismo pone de relieve la complejidad y las tensiones que han caracterizado la historia reciente de Colombia, donde la justicia y la verdad siguen siendo objetivos pendientes de alcanzar para manyas víctimas y sus familias.
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