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El Gobierno español ha expresado su firme oposición a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según fuentes del palacio de la Moncloa, esta decisión constituye una clara muestra de persecución y obsesión por parte del magistrado.
La instrucción del caso, según las fuentes, carece de fundamentos jurídicos sólidos y se basa únicamente en motivaciones políticas. El juez Peinado ha decidido enviar a juicio a Gómez por cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación de caudales públicos, en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.
Además de Gómez, el juez también ha procesado a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por delitos relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias. La decisión del juez ha generado una gran polémica en el ámbito político y jurídico español.
Las fuentes del palacio de la Moncloa han destacado las palabras del juez Peinado en el auto, en las que sugiere que los agentes de las fuerzas de seguridad que acompañan a Gómez podrían colaborar en una supuesta fuga. Estas palabras han sido calificadas de «despropósito» por las fuentes, que consideran que demuestran la falta de objetividad y la parcialidad del juez.
La retirada del pasaporte de Gómez y la prohibición de salir del territorio nacional son algunas de las medidas cautelares impuestas por el juez. Además, se ha ordenado que Gómez se presente quincenalmente en el juzgado. La decisión del juez Peinado ha generado un gran debate en la opinión pública española y ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos y sociales.
El caso de Gómez ha puesto de relieve la sensibilidad y la complejidad de los temas relacionados con la corrupción y la transparencia en la vida pública. La decisión del juez Peinado ha sido vista por algunos como un intento de investigar y castigar posibles delitos, mientras que otros la consideran una muestra de persecución política.
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