@abrilpenaabreu
En algún momento tendremos que quitarnos los lentes color de rosa y aceptar una realidad incómoda: los niños y adolescentes también pueden cometer actos atroces. Negarlo no los protege, tampoco protege a la sociedad y, mucho menos, a las víctimas.
Precisamente porque nuestro sistema es tan indulgente con los menores que delinquen, muchos terminan siendo presa fácil de adultos sin escrúpulos que los utilizan para cometer delitos. No es casualidad que los sicarios sean cada vez más jóvenes, ni que muchas bandas criminales recluten adolescentes. En la práctica, la percepción de que las consecuencias serán mínimas termina convirtiéndose en un poderoso incentivo para quienes los manipulan.
A esa realidad se suma otra aún más preocupante: el incremento de hechos violentos protagonizados por menores de edad. Riñas que terminan en homicidios, agresiones graves y, cada vez con mayor frecuencia, delitos sexuales.
El caso más reciente estremece al país. Cuatro niños y adolescentes fueron señalados por la agresión sexual contra una niña de 12 años con trastorno del espectro autista, una condición que la hacía aún más vulnerable. Para agravar la indignación, al menos uno de los presuntos agresores tendría menos de 12 años, edad por debajo de la cual la legislación dominicana no establece responsabilidad penal.
Es evidente que un menor capaz de participar en un hecho tan grave probablemente también sea el resultado de profundas fallas familiares, sociales, educativas e institucionales. Nadie nace convertido en agresor. Pero reconocer esas carencias no puede traducirse en impunidad. Las víctimas también tienen derechos.
El debate no debería reducirse a castigar por castigar. Debería centrarse en preguntarnos si el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes responde a la realidad actual o a una sociedad idealizada en la que los menores son incapaces de causar daños de esta magnitud.
Quizá ha llegado el momento de revisar la legislación para los delitos más graves, garantizando siempre el debido proceso, la rehabilitación cuando sea posible y la protección especial propia de la niñez, pero también asegurando medidas proporcionales que impidan la repetición de hechos tan devastadores.
Porque ninguna familia debería cargar con la angustia de pensar que mañana puede encontrarse frente a frente con quien destruyó la vida de su hijo o de su hija sin que el Estado haya sido capaz de ofrecer una respuesta adecuada.
Los menores tienen derechos, por supuesto. Pero las víctimas también. Y durante demasiado tiempo el debate ha puesto casi toda su atención en los primeros, mientras los segundos esperan justicia, protección y reparación.
Acerca del autor
