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Según fuentes periodísticas, el magistrado estadounidense Alvin K. Hellerstein estableció que el proceso judicial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su cónyuge Cilia Flores, iniciará el 1 de junio de 2027.
La determinación se tomó este miércoles durante una segunda audiencia judicial; los acusados fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas militares de EE.UU. en el marco de un operativo que dejó al menos 100 fallecidos.
El juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York fijó la hora de inicio a las 11:00 a.m., hora local, y señaló que la medida responde a la solicitud presentada por los abogados defensores de ambas partes.
Un escrito remitido por el fiscal federal Jay Clayton al Departamento de Justicia, citado por el periodista Arturo Ángel, indica que la defensa de Maduro propuso dividir la exposición de los argumentos legales en distintas fases o mociones.
La primera serie de mociones, programada para comenzar en septiembre de este año, se centrará en cuestiones de jurisdicción y en la admisibilidad de pruebas; la parte venezolana insistirá en la inmunidad que corresponde al jefe de Estado, lo que podría terminar el proceso. La Fiscalía de EE.UU. responderá el 2 de octubre y la defensa podrá presentar sus réplicas el 16 de octubre.
Se prevé que en noviembre de 2024 se celebre una audiencia dedicada a discutir dichas mociones.
La segunda ronda de mociones preliminares al juicio está prevista para iniciar en enero de 2027; en febrero se espera la réplica de la Fiscalía y en marzo la respuesta de la defensa.
Tras la incursión militar, Maduro y la diputada Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, donde permanecen privados de libertad mientras la justicia estadounidense evalúa su futuro en un proceso calificado como viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, bajo la acusación de supuesto «narcoterrorismo».
La audiencia inaugural se realizó dos días después del ataque que provocó más de 100 muertes, entre ellas civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que servían en la Guardia Presidencial.
En la segunda audiencia, efectuada el 26 de marzo, el magistrado rechazó la petición del defensor Barry Pollack de desestimar el caso, argumentando que los fondos destinados a sus honorarios habían sido bloqueados por EE.UU., lo cual vulneraba el derecho de sus clientes a una defensa adecuada.
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