La captura de Jhon Henry González Herrera, alias “Medio Labio”, ha sido presentada como un éxito más en la lucha contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, para la República Dominicana el arresto no debería interpretarse como el final de un problema, sino como el inicio de una preocupación mayor.
Porque la pregunta importante no es quién cayó, la pregunta importante es cómo pudo operar aquí.
Si las investigaciones internacionales son correctas, el país no era un simple punto de tránsito. Era algo más delicado: un punto de acopio, enfriamiento y reexportación. En términos simples, la República Dominicana funcionaba como una bodega logística dentro de una cadena global de suministro criminal.
Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de la seguridad pública, tiene implicaciones económicas. La economía dominicana depende en gran medida de la confianza internacional. Nuestros productos agrícolas —banano, piña, cacao y otros— entran a Europa porque cumplen normas sanitarias, trazabilidad y controles fitosanitarios. Pero si un país receptor comienza a percibir que los contenedores dominicanos pueden ser contaminados sistemáticamente por redes criminales, la consecuencia no será policial: será comercial.
Las autoridades europeas no castigan personas; castigan riesgos.
Y cuando un puerto es considerado de alto riesgo, lo primero que ocurre no es un cierre, sino algo peor: inspecciones exhaustivas, retrasos, costos logísticos más altos, aumento de seguros de carga y pérdida de competitividad frente a otros exportadores. En comercio exterior, la reputación vale tanto como la producción.
Un contenedor detenido en Rotterdam no lo paga el narcotraficante, lo paga el exportador legítimo.
Por eso este caso no debe verse únicamente como un expediente criminal, sino como un potencial problema de seguridad económica nacional.
El segundo punto es aún más incómodo, una estructura logística de narcotráfico internacional no funciona sola en un país extranjero. Requiere operadores locales: almacenamiento, transporte interno, manipulación de contenedores, acceso a zonas portuarias y conocimiento de rutas comerciales. En otras palabras, requiere una red de apoyo dentro del propio territorio.
Y ahí aparece la verdadera interrogante. ¿Se investigará únicamente al cabecilla internacional o también a la estructura local que le permitió operar?
Porque de nada sirve la captura de “Medio Labio” si la infraestructura permanece intacta. Si no se desmonta la red interna, lo que ocurrirá no será una victoria contra el narcotráfico, sino un relevo. El crimen organizado no desaparece cuando cae un jefe; simplemente nombra otro.
La historia del narcotráfico demuestra que los mercados ilícitos no dependen de personas, dependen de rutas.
Y si la ruta sigue funcionando, el negocio continúa. Por eso las investigaciones deben abarcar más que lo penal: autoridades portuarias, procesos de inspección aduanera, controles de sellos de seguridad, trazabilidad de contenedores y posibles infiltraciones en la cadena logística. Incluso debe evaluarse si productores o exportadores pudieron haber sido utilizados —con o sin conocimiento— dentro de ese esquema.
No se trata de criminalizar al sector exportador dominicano, que es vital para la economía nacional, sino de protegerlo. Precisamente porque el daño mayor de un caso así no es judicial: es reputacional.
El país necesita demostrar no solo que coopera, sino que controla. De lo contrario, la caída de un capo no será una victoria, sino un simple cambio de administrador dentro de la misma operación.
El verdadero triunfo no es capturar al jefe, el verdadero triunfo es cerrar la bodega.
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