@abrilpenabreu
En la República Dominicana hemos aprendido a convivir con una idea inquietante: que la muerte puede ser parte del orden. Que cuando la Policía informa de un “intercambio de disparos”, la historia termina ahí. Que no hace falta preguntar demasiado, porque —según la lógica dominante— si alguien murió, “algo habría hecho”.
Ese razonamiento puede parecer cómodo, incluso tranquilizador. Pero es profundamente peligroso.
El año pasado cerró con más de un centenar de muertes atribuidas a supuestos enfrentamientos con agentes del orden. No fueron pocas. No fueron excepcionales. Y ahora, apenas iniciado 2026, en menos de un mes ya se repite el mismo patrón: personas muertas en operativos policiales, versiones oficiales escuetas, dudas que quedan flotando y una sociedad que sigue adelante como si nada.
Enero todavía no termina y al menos dos personas han muerto bajo esa misma narrativa. No es una cifra para alarmismo, pero sí lo es para advertencia. Porque cuando los hechos se repiten tan rápido, lo que falla no es el mes: falla el sistema.
El problema de fondo no es si todas las personas abatidas eran delincuentes. El verdadero problema es que no lo sabemos con certeza, y en un Estado de derecho eso no es un detalle menor. La ley no funciona por intuición ni por fama previa; funciona por pruebas, procesos y sentencias. Cuando el Estado mata sin que luego se investigue con rigor, la justicia se queda a mitad de camino.
Muchos celebran estas muertes porque sienten que así se combate la criminalidad. Pero la historia reciente nos ha dado razones de sobra para desconfiar de esa celebración. Pastores confundidos con delincuentes. Civiles abatidos mientras viajaban con sus familias. Vehículos tiroteados por error. Personas que no eran lo que se dijo que eran. Cuando la bala se equivoca, no hay rectificación posible.
La reforma policial ha sido anunciada como un punto de inflexión. Y es justo reconocerlo: desmontar una cultura policial forjada durante décadas de autoritarismo —heredada desde el trujillato y reproducida por años— no es tarea rápida ni sencilla. Cambiar una policía represiva por una verdaderamente civil requiere tiempo. Pero el tiempo no puede ser excusa para la inercia, ni la dificultad puede justificar la falta de controles.
Lo que preocupa no es solo que haya muertes, sino que no sepamos qué pasa después. ¿Cuántos agentes han sido investigados? ¿Cuántos casos han llegado a los tribunales? ¿Cuántas responsabilidades se han establecido? El silencio frente a esas preguntas no transmite autoridad; transmite impunidad.
Por eso han hablado el Defensor del Pueblo, exprocuradores, juristas y organizaciones de derechos humanos. No porque estén en contra de la seguridad, sino porque entienden algo fundamental: cuando el Estado cruza la línea de la legalidad, deja de proteger y empieza a intimidar. Y una autoridad que intimida no genera orden; genera miedo.
La pregunta que deberíamos hacernos no es si el muerto “merecía” morir. Esa no es una pregunta legal ni moralmente válida. La pregunta correcta es otra, mucho más incómoda:
¿qué garantías tenemos de que mañana no se equivoquen de nuevo?
Porque cuando se normaliza la muerte sin debido proceso, el problema ya no es el delincuente. El problema somos todos.
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