En apenas 60 días del año, 418 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en República Dominicana. Marzo apenas comienza.
Detrás de esa cifra hay familias rotas, niños que pierden padres, hogares que quedan sin sustento. Pero también hay algo más grave: un país que parece haberse acostumbrado a que montarse en un vehículo sea una de las principales causas de muerte.
Entre las víctimas hay turistas, lo cual añade una dimensión preocupante, no porque sus vidas valgan más —todas las vidas valen lo mismo— sino porque un país que aspira a consolidarse como potencia turística regional no puede permitirse proyectar inseguridad en algo tan básico como la movilidad en sus carreteras.
Sin embargo, el problema no es nuevo, durante años hemos visto planes, anuncios, campañas y operativos, pero la realidad en las calles sigue siendo la misma:
imprudencia, falta de supervisión, impunidad y un sistema que rara vez logra que las tragedias tengan consecuencias judiciales proporcionales.
Parte del problema está en la débil aplicación de la ley, la legislación dominicana contempla mecanismos que deberían fortalecer la investigación de accidentes, incluyendo unidades técnicas especializadas para el levantamiento y análisis de siniestros viales, esos levantamientos son fundamentales para determinar responsabilidades y lograr las máximas penas permitidas por la ley cuando corresponde.
Pero en la práctica, esas capacidades simplemente no existen o no funcionan como deberían, sin investigación técnica rigurosa, muchos casos terminan diluyéndose en procesos débiles, acuerdos informales o simples estadísticas.
A esto se suma otro factor: la ausencia de una verdadera cultura de seguridad vial, en República Dominicana se conduce sin respetar carriles, sin respetar señales, sin respetar velocidades y muchas veces sin respetar la vida del otro, el problema no es solo legal o institucional; también es cultural.
Pero cuando una conducta peligrosa se vuelve cultural, es precisamente el Estado el que debe intervenir con firmeza: educación vial, fiscalización constante, sanciones efectivas y políticas públicas coherentes.
Porque cuando 418 personas mueren en apenas dos meses, ya no hablamos de accidentes aislados, hablamos de una crisis de seguridad vial y las crisis no se resuelven con discursos ni con operativos temporales.
Se resuelven con instituciones que funcionen, leyes que se apliquen y consecuencias reales para quienes las violan.
República Dominicana no puede aspirar a ser un país moderno mientras la carretera siga siendo uno de los lugares más peligrosos para sus ciudadanos.
Morir en el tránsito no puede seguir siendo parte de la normalidad nacional.
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