El video que ha indignado a República Dominicana en los últimos días no solo muestra a una maestra obligando a una niña de dos años a ingerir su propio vómito.
Lo que ese video expone, en realidad, es algo mucho más profundo: la fragilidad del sistema de supervisión sobre los centros educativos privados en el país.
Porque cuando una escena así ocurre dentro de un centro infantil, la pregunta inevitable no es solo qué hizo una maestra.
La pregunta es otra.
¿Quién estaba supervisando ese lugar?
En República Dominicana miles de familias hacen enormes sacrificios para pagar un colegio privado. Lo hacen por muchas razones: porque desconfían del sistema público, porque buscan mayor disciplina, mejores instalaciones o simplemente porque creen que allí sus hijos estarán más seguros.
Pero la realidad demuestra que esa confianza no siempre está respaldada por una supervisión efectiva.
En los últimos años han salido a la luz casos preocupantes dentro de centros privados.
Desde episodios graves de bullying, hasta denuncias de venta de drogas dentro de planteles, la presencia de armas de fuego entre estudiantes, y situaciones que han terminado incluso en tragedias.
Uno de los casos que más conmocionó al país fue el de una estudiante haitiana que murió ahogada durante un paseo escolar, una actividad que el propio Ministerio de Educación había advertido que debía realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad.
Ese episodio, como muchos otros, dejó una pregunta en el aire:
¿quién está verificando que los centros cumplan realmente con las normas?
La educación privada en República Dominicana opera bajo autorización del Estado, pero no fuera de él. Los colegios privados están obligados a cumplir con normas básicas establecidas por el Ministerio de Educación, desde los protocolos de seguridad hasta disposiciones culturales y cívicas como la interpretación del himno nacional.
Sin embargo, también se han reportado casos de centros educativos internacionales donde no se interpreta el himno dominicano, alegando su carácter extranjero o bilingüe, a pesar de que la legislación dominicana establece la obligación de respetar los símbolos patrios dentro del sistema educativo.
Cuando estas situaciones se repiten una y otra vez, lo que queda en evidencia es un problema de supervisión.
Porque un sistema educativo no puede funcionar como una zona libre de regulación, donde cada centro decide qué reglas cumple y cuáles no.
En el caso reciente que ha indignado al país, también hay otra señal preocupante: el silencio institucional, ese silencio genera inquietud.
No solo porque se trata de un caso extremadamente grave, sino porque envía un mensaje peligroso: la sensación de que los centros privados funcionan con un margen de autonomía tan amplio que la supervisión estatal llega tarde… o simplemente no llega, porque la respuesta no es que hará con ese colegio es que hará para que no siga pasando.
Y ahí surge una contradicción que muchas familias conocen demasiado bien.
En República Dominicana, el Estado no garantiza plenamente una educación pública de calidad para todos, lo que obliga a miles de padres a recurrir a la educación privada.
Pero esas mismas familias, además de pagar impuestos, también deben pagar mensualidades, transporte escolar, materiales y actividades.
Cuando un país llega a ese punto, lo mínimo que el Estado debe garantizar es algo esencial: que los centros educativos donde se forman los niños estén debidamente supervisados.
Porque cuando se trata de educación infantil, no estamos hablando de un servicio cualquiera, estamos hablando de los lugares donde se forman las próximas generaciones.
Y cuando un sistema permite que episodios de maltrato, negligencia o falta de control ocurran dentro de esos espacios, el problema ya no es de un colegio ni de una maestra.
El problema es de todo el sistema, Porque al final del día, una sociedad se mide por algo muy simple: cómo protege a sus niños.
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