Gobernar no es un acto colectivo permanente, a veces, gobernar es quedarse solo. El presidente Luis Abinadee ha intentado, desde el inicio de su mandato, romper con viejas prácticas: apostar por jóvenes técnicos, por perfiles de la sociedad civil, por una administración que prometía eficiencia y transparencia. Pero cuando esas apuestas fallan, el golpe no es individual: el costo político lo paga el presidente y él ha tenido varios casos en estos 5 años de gobierno algunos más graves que otros.
Hasta aquí, nada extraordinario. En una democracia funcional, las fallas administrativas se investigan, se toman decisiones preventivas y la justicia sigue su curso. Lo verdaderamente preocupante no es la destitución, sino la reacción que ha provocado dentro del propio partido de gobierno.
En los últimos días, funcionarios y autoridades electas del PRM han salido a opinar públicamente contra la destitución del rector del ITLA, como si se tratara de una condena penal y no de una medida administrativa. Esa confusión —o esa conveniencia— debilita al Gobierno desde dentro.
A esto se suma el pronunciamiento del senador Franklin Romero quien apeló públicamente a la presunción de inocencia y al debido proceso. Nadie discute esos principios. Son constitucionales y fundamentales, no fue el único el también Senador Dagoberto Tejeda opinó al respecto así como otros funcionarios de gobierno.
Pero hay una diferencia clave que algunos parecen ignorar: una destitución administrativa no es una sentencia judicial en todo caso evita el ruido la mayor de las veces en momentos delicados.
Cuando un senador oficialista fija posición pública en ese momento, no lo hace solo como ciudadano: lo hace como parte del Gobierno. Y en política, las formas, los tiempos y los silencios también comunican.
Algo similar ocurrió con Edward Guzman ya en funciones dentro de SENASA, quien decidió seguir ventilando el tema en el debate público. Nadie pide censura. Pero cuando se ocupa un cargo, la prudencia institucional deja de ser opcional y aquello mientras se bate más jiede y ni hablar de que es un proceso judicial en curso llevado ya por otro poder de Estado que está por encima de él.
A los funcionarios no se les evalúa por sus comunicados, sino por su capacidad de gestión.
Dentro del PRM parece haberse instalado una peligrosa amnesia: no están en campaña.
Es cierto que el presidente no va a la reelección, pero también es cierto que aún le restan casi tres años de mandato.
Tres años en los que gobernar exige cohesión, sentido de cuerpo y responsabilidad política, no farándula ni cálculo personal.
Después andan llorando que es culpa de la prensa, que es persecución o que es la oposición fuñendo el parto.
Las destituciones pueden nacer del ruido social, pero la mayor de las veces nacen de errores, y los errores, en un Estado de derecho, tienen consecuencias administrativas y judiciales.
Lo verdaderamente alarmante no es la crítica externa, natural en democracia, que parecen ignorar que este comportamiento es fuego amigo.
Tal vez estemos viendo una escena conocida en la política: la soledad del poder. Mientras el presidente carga pesado y gasta su bien ganado capital público un grupo está en el 2028 olvidándose que sin 2026 y 27 el 2028 no está seguro.
La disciplina y respeto institucional están de vacaciones y bien lejos al parecer.
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