En República Dominicana hemos caído en un ciclo tan predecible como estéril.
Cada Semana Santa —y en realidad, cada gran festividad— repetimos el mismo libreto: desorden, excesos, violencia, heridos, muertos. Luego viene la indignación colectiva. Señalamos al Estado, acusamos a las autoridades de inacción, exigimos control.
Pero cuando ese control llega, cambia el discurso. Entonces hablamos de abuso, de represión, de desigualdad. De que al pobre se le limita mientras otros hacen lo que quieren. De que no se puede impedir a la gente “disfrutar”.
Y en medio de esa contradicción permanente, el problema de fondo sigue intacto.
Porque hay una verdad incómoda que como sociedad evitamos enfrentar: una parte importante de nuestra convivencia pública carece de límites. No de normas —esas existen— sino de interiorización de esas normas. No es solo ausencia de autoridad, es ausencia de autocontrol.
Lo ocurrido recientemente en el sur, en una actividad multitudinaria que terminó en caos, no es un hecho aislado. Es un síntoma. Un recordatorio de que cuando el espacio público se deja a la lógica del impulso, el resultado rara vez es convivencia; suele ser desbordamiento.
Y frente a eso, ningún Estado —por más eficiente que sea— puede colocar un agente detrás de cada ciudadano. Ninguna política pública puede sustituir lo que no se ha construido en la cultura.
Pero sería ingenuo cargar toda la responsabilidad sobre la gente.
Los gobiernos también han sido parte del problema. Durante años, el desorden fue tolerado, normalizado y en ocasiones instrumentalizado. La informalidad, la ocupación sin reglas, el ruido sin consecuencias y la ausencia de sanción real se convirtieron en paisaje. Y lo que se normaliza, se arraiga.
Por eso, pretender corregir en una semana lo que se permitió por décadas no solo es insuficiente, es irreal.
La disciplina social no se impone de forma estacional. Se forma. Se educa. Se construye de manera sostenida en el tiempo. Desde la escuela, desde la familia, desde el ejemplo institucional.
Ahora bien, hay otro elemento que suele quedar fuera del debate: el acceso al ocio.
Para miles de dominicanos, las festividades representan una de las pocas oportunidades de esparcimiento. En muchos casos, improvisar espacios frente a sus hogares no es un acto de desafío, sino la única alternativa disponible.
Y cuando esa alternativa se convierte en desorden, la respuesta del Estado no puede limitarse a prohibir. También debe ofrecer.
Iniciativas como los campamentos deportivos impulsados por el Ministerio de Deportes durante Semana Santa apuntan en la dirección correcta, pero siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Masificarlas, articularlas con alcaldías, clubes comunitarios y sector privado no es un lujo: es una necesidad.
Porque gobernar no es solo contener, es también canalizar, el orden sin oportunidades se percibe como castigo, la permisividad sin límites termina en caos y entre ambos extremos, seguimos atrapados como sociedad.
Salir de ese ciclo implica asumir responsabilidades compartidas, pero también entender algo esencial: no hay medida puntual que resuelva lo que es, en el fondo, un problema cultural.
Lo que está en juego no es solo cómo nos comportamos en Semana Santa, es qué tipo de sociedad estamos construyendo el resto del año.
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