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El Gobierno dominicano ha tomado una medida importante para regular la industria de cruceros que operan en aguas nacionales, con el objetivo de blindar el sistema financiero y generar nuevos ingresos fiscales. A través de la Resolución Núm. 164-2026, se establecen tasas de entrada al mercado para los casinos a bordo de embarcaciones que arriban o navegan en aguas nacionales, las cuales oscilan entre RD$1,000,000 y RD$1,500,000, dependiendo de la capacidad del crucero.
Esta disposición marca un hito importante en la regulación de la industria de cruceros, ya que establece por primera vez un marco claro para la operación de casinos en aguas nacionales. El esquema regulatorio combina incentivos económicos con estrictos controles, lo que busca impulsar el crecimiento económico del país a través del turismo de cruceros. Además, se establecen pagos anuales que pueden alcanzar los RD$800,000 según el volumen de mesas de juego operadas, lo que representa una nueva fuente de ingresos fiscales para el país.
La medida también busca formalizar una actividad que, hasta ahora, operaba sin un marco específico en el ámbito marítimo. Para garantizar el cumplimiento de pagos, multas y premios a los jugadores, se establece una fianza obligatoria de RD$20 millones, lo que refuerza la seguridad jurídica del sector. El Gobierno justifica la medida en el crecimiento sostenido de la industria de cruceros en la República Dominicana, considerada ya como una actividad crucial para el desarrollo nacional.
Con esta regulación, las autoridades buscan capitalizar la posición geográfica del país y convertirla en una ventaja competitiva dentro del Caribe, atrayendo más cruceristas, inversiones y alianzas comerciales. Los casinos solo podrán operar en cruceros de gran escala, con más de 2,000 pasajeros, y bajo condiciones específicas, como recorridos mínimos de seis horas en aguas nacionales. Además, la resolución pone un fuerte énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, reconociendo que los casinos en cruceros pueden ser utilizados como canales para el movimiento de fondos ilícitos.
Para prevenir estas actividades ilícitas, los operadores deberán cumplir con la Ley 155-17 y reportar directamente a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa realizada mientras el casino opere en jurisdicción dominicana. Además, se restringe la participación de empresas vinculadas a jurisdicciones consideradas de alto riesgo por organismos internacionales como el GAFI, elevando los estándares de transparencia. Las licencias tendrán una vigencia de cinco años y serán intransferibles, lo que limita la especulación y asegura el control estatal sobre los operadores.
Finalmente, las autoridades, incluyendo la Autoridad Portuaria Dominicana, tendrán facultades amplias de inspección y fiscalización, incluyendo acceso a documentación y reportes operativos. Esto garantiza que el sector sea supervisado de manera efectiva y que se cumplan las normas y regulaciones establecidas. Con esta medida, el Gobierno dominicano busca impulsar el crecimiento económico del país de manera responsable y sostenible, mientras protege los intereses de los ciudadanos y los visitantes que disfrutan de los servicios de los casinos en cruceros.