En las últimas semanas circularon en redes sociales imágenes y denuncias sobre el hallazgo de cadáveres de mujeres en la provincia de Elías Piña. Las fotografías son crudas, difíciles de ignorar y, a juzgar por su consistencia visual y por los testimonios que las acompañan, no encajaban fácilmente en la categoría de una simple invención digital.
Pero incluso si alguien hubiese querido sembrar dudas —si se hubiese tratado, en el peor de los casos, de información imprecisa o exagerada— hay una pregunta que sigue sin respuesta:
¿por qué las autoridades a pesar de que el ruido tiene más de un mes, no salieron a confirmar o desmentir de manera clara lo que está ocurriendo?
En un país donde la desinformación es real, el silencio institucional no es neutral. Al contrario: alimenta la sospecha, amplifica el miedo y deja a la ciudadanía a merced de versiones fragmentadas. Cuando circulan imágenes de posibles crímenes, el Estado no puede darse el lujo de guardar silencio esperando que el tema se disuelva solo o como en este caso la supuesta investigación, porque el ruido tiene desde finales del año pasado.
Elías Piña no es una provincia cualquiera. Es frontera, es tránsito humano constante, es vulnerabilidad estructural. Allí, más que en ningún otro lugar, cualquier denuncia grave requiere una reacción inmediata, aunque sea para decir: “esto no es cierto”, “esto está bajo investigación” o “esto ya fue aclarado”.
No hacerlo transmite un mensaje peligroso: que hay territorios donde las preguntas no merecen respuesta y donde la vida —sobre todo la de mujeres pobres, migrantes o invisibles— puede quedar atrapada en un limbo informativo.
RD al Descubierto no duda de la versión dada por la Policía Nacional LUEGO de que se publicaran en las redes sociales imágenes de los cadáveres. Pero sí afirma algo con absoluta certeza: cuando el Estado calla ante denuncias tan graves, el silencio se convierte en parte del problema.
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