Cuando varias personas comenzaron a denunciar el cierre o bloqueo de cuentas bancarias sin explicación judicial, muchos interpretaron el hecho como un problema aislado, incluso anecdótico. Sin embargo, lo que parecía una suma de casos individuales terminó revelando una falla institucional más profunda.
El Tribunal Constitucional lo dejó claro en la sentencia TC/0952/25: bloquear o inmovilizar productos financieros sin orden judicial constituye una actuación arbitraria que vulnera el derecho fundamental de propiedad.
El caso de Nelson Odalis Soriano, con cuentas paralizadas desde 2019, demuestra cómo una investigación penal puede derivar —sin base legal— en sanciones financieras anticipadas. El Tribunal fue categórico al señalar que autorizar la obtención de información financiera no equivale, bajo ninguna circunstancia, a autorizar la inmovilización de activos.
El problema no es la ley, el problema es cómo se aplica.
La Ley 155-17 establece que solo un juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar la inmovilización provisional de bienes. Las excepciones existen, pero están limitadas en el tiempo y sujetas a confirmación judicial. Saltarse ese paso no es una omisión técnica: es una violación constitucional.
El propio presidente del Tribunal Constitucional, lo reiteró con claridad: negar el levantamiento de un bloqueo sin autorización judicial es una afectación directa al derecho de propiedad.
Este editorial no busca proteger a personas específicas ni justificar actividades ilícitas. Busca algo más básico y más urgente: que las reglas se respeten.
Porque cuando una entidad financiera actúa como juez, cuando una supervisión administrativa sustituye el debido proceso y cuando el ciudadano queda atrapado entre instituciones que no se corrigen entre sí, el problema deja de ser financiero, se convierte en democrático.
La pregunta que queda abierta no es a quién le cerraron una cuenta primero, sino algo más inquietante:
¿cuántas siguen bloqueadas hoy sin que nadie haya pasado por un juez? Y esa, más que una denuncia, es una alerta institucional.
Acerca del autor
