En los últimos días, varias jóvenes dominicanas han terminado entre la vida y la muerte tras recibir disparos en intervenciones policiales.
En Navarrete, Santiago, una joven de 18 años fue impactada en la cabeza cuando agentes dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba. Su estado sigue siendo crítico.
En otro caso, también en Santiago, otra joven resultó herida en circunstancias similares durante un operativo.
Y en Villa Mella, una mujer de 25 años fue alcanzada por disparos en medio de una intervención policial en una fiesta.
No son hechos aislados, son parte de una secuencia que se repite con una frecuencia alarmante, cuando los excesos dejan de ser excepcionales y se convierten en rutina, el problema deja de ser individual y de vuelve estructural.
Cada video que circula en redes —cada disparo “accidental”, cada operativo mal ejecutado— no solo muestra un error, muestra una institución que no logra controlarse a sí misma.
La pregunta ya no es qué pasó, la pregunta es por qué sigue pasando, cuando la ciudadanía observa a la Policía Nacional de la República Dominicana actuar: sin protocolos claros, sin coordinación y, en demasiados casos, con uso desproporcionado de la fuerza, lo que se rompe no es solo la confianza.
Se rompe algo más profundo: la idea misma de autoridad, porque la autoridad no se impone con miedo, se sostiene con legitimidad y está se pierde cada vez que un ciudadano inocente termina herido —o muerto— en medio de un operativo.
Errores pueden ocurrir en cualquier institución, lo que no puede ser normal es que no haya consecuencias claras.
¿Quién responde por los gastos médicos? ¿Quién acompaña a esas familias cuando la vida les cambia en segundos? ¿Quién paga por el abuso?
En la práctica, la respuesta suele ser la misma: nadie.
Y eso envía un mensaje devastador: que el sistema no corrige… se protege.
En la calle empieza a instalarse una frase peligrosa “Déjese meter preso… porque de la cárcel se sale, de la tumba no.”
Eso no es prudencia, es resignación, es aceptar que: la justicia no garantiza protección, la autoridad no genera confianza y el ciudadano está solo frente al poder.
No es un ataque a la policía, es una exigencia al Estado, criticar estos hechos no es debilitar la institucionalidad, es intentar salvarla.
Porque hay dos escenarios posibles: o no se puede controlar a los agentes o no se quieren hacerlo y no sabemos cuál de las dos es peor, pero para la población, el resultado es el mismo: miedo, desconfianza y hartazgo.
Pedirle a la gente que aguante en silencio no es una solución, es una falta de respeto.
Una sociedad que normaliza el abuso pierde el rumbo y una autoridad que no se controla a sí misma, pierde el derecho moral de exigir control a los demás.
La República Dominicana no necesita más discursos, necesita una policía moderna, preparada y sometida a la ley.
Porque cuando la autoridad falla de forma reiterada,
lo que se pone en juego no es un caso… es la estabilidad misma del país.
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