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En un giro inesperado, la candidata presidencial de derecha en Colombia, Paloma Valencia, denunció que recibió información del gobierno sobre un plan para asesinarla, orquestado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), responsables de ataques mortales contra la población civil.
A medida que se acercan las elecciones del 31 de mayo, la violencia en el país ha aumentado, con una bomba y otros ataques en el suroeste de Colombia que dejaron 21 muertos entre el viernes y el domingo. Valencia, quien se encuentra en tercer lugar en las encuestas, aseguró que un grupo narcoterrorista ha puesto un precio a su cabeza.
Según Valencia, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la policía nacional la informaron que un rebelde de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC recibió alrededor de 561.000 dólares para llevar a cabo el atentado contra su vida. Esta denuncia se suma a las de otros dos candidatos favoritos en las encuestas, que también han recibido amenazas de muerte.
Valencia es una crítica férrea del gobierno de izquierda en el poder, liderado por el presidente Gustavo Petro, al que considera negligente en su manejo de los grupos armados. La oposición sostiene que las frustradas negociaciones de paz del mandatario con la mayoría de las organizaciones han terminado fortaleciendo a estos grupos.
La candidata presidencial de derecha expresó su preocupación por la situación, afirmando que «Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que ha hecho una paz total que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos».