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En un giro significativo en la lucha contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado formalmente acusaciones contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Muñoz Rocha, y otros nueve funcionarios estatales, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Los fiscales federales, liderados por Jay Clayton, y representantes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), como Terrance Cole, han desvelado estas acusaciones, que incluyen a altos cargos en activo y retirados, acusados de utilizar sus posiciones para proteger las operaciones del cártel y facilitar la entrada de drogas en Estados Unidos.
Entre los acusados se encuentran destacadas figuras como el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, junto a varios exfuncionarios de alto rango en Sinaloa, incluyendo exsecretarios, exjefes de policía y excomandantes, todos los cuales se cree que participaron en una conspiración para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
Según la acusación, los diez participantes en esta conspiración desempeñaron roles variados, como proteger a los líderes del Cártel de Sinaloa de investigaciones y enjuiciamientos, transmitir información confidencial a la banda criminal para facilitar sus actividades delictivas, y ordenar a miembros de agencias policiales que protegieran cargamentos de droga tanto en almacenamiento como en tránsito hacia Estados Unidos, permitiendo actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias, a cambio de recibir millones de dólares procedentes del tráfico de drogas.
En respuesta a estas acusaciones, el gobernador Rubén Muñoz Rocha ha negado cualquier participación en actividades ilícitas, calificando las acusaciones de infundadas y carentes de veracidad, y las ha considerado un ataque personal y al movimiento político que representa, la Cuarta Transformación, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, sugiriendo que forma parte de una estrategia perversa para violar el orden constitucional y la soberanía nacional de México.
Estas acusaciones marcan un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México, y su desarrollo tendrá un impacto significativo en las relaciones entre México y Estados Unidos, así como en la percepción internacional de la lucha contra el crimen organizado en la región.
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