@abrilpenaabreu
Hay escenas que tienen el poder de paralizar a una sociedad, no necesariamente por su naturaleza extraordinaria, sino por la cruda radiografía que ofrecen de nuestra condición humana. Lo ocurrido recientemente en una estación de combustible —donde una mujer fue agredida salvajemente a la vista de todos— no sucedió en la penumbra de un callejón ni en la soledad de un hogar blindado; ocurrió a plena luz, frente a una audiencia que prefirió el rol de espectadora al de interviniente. En ese instante, la pregunta dejó de ser quién era el agresor para convertirse en una interrogante mucho más incómoda: ¿en qué clase de sociedad nos hemos convertido para presenciar el horror y decidir, colectivamente, no actuar?
Durante décadas, en la República Dominicana hemos arrastrado el lastre de esa falsa sabiduría popular que dicta que “en pleito de marido y mujer nadie se mete”. Esa frase, disfrazada de prudencia, ha sido históricamente la coartada perfecta para la indiferencia y el escudo de quienes prefieren mirar hacia otro lado. Sin embargo, hay una línea ética que no debería admitir debates: una cosa es la intimidad de un conflicto de pareja y otra, radicalmente distinta, es la violencia flagrante. Cuando se cruza ese umbral, el silencio deja de ser respeto a la privacidad para transformarse en una omisión cómplice.
Sería simplista atribuir esta pasividad únicamente a una falta de valores; lo que vimos es el resultado de capas sociológicas que se han ido sedimentando con el tiempo. Por un lado, el miedo real a una escalada de violencia que ponga en riesgo la integridad propia. Por otro, el fenómeno psicológico del “efecto espectador”, donde la presencia de una multitud diluye la responsabilidad individual bajo la premisa de que “alguien más hará algo”, resultando en una inacción generalizada.
A esto se suma una alarmante cultura digital que ha canibalizado la empatía: hoy, ante la tragedia, el primer instinto de muchos no es socorrer, sino documentar. El dolor ajeno se ha convertido en contenido consumible, y la cámara del celular actúa como una barrera que deshumaniza lo que sucede detrás de la pantalla. Esta normalización, alimentada por la repetición constante de la violencia en nuestros barrios y redes, ha erosionado nuestra capacidad de asombro. Lo que antes provocaba una indignación movilizadora, hoy apenas detiene el paso por unos segundos.
Es imperativo aclarar que no se trata de exigir heroísmo suicida ni intervenciones temerarias. Sin embargo, entre la indiferencia absoluta y el riesgo extremo existe un amplio abanico de acciones ciudadanas: la alerta a las autoridades, la petición de ayuda o la presión colectiva. La pasividad total no puede seguir siendo una opción válida en nuestro contrato social.
Cuando la reacción dominante frente al abuso es observar, grabar y continuar el camino, la sociedad comienza a pudrirse desde su núcleo. Nos perdemos en el momento en que justificamos la inacción o cuando dejamos de sentir el golpe ajeno como propio. El verdadero peligro no reside solo en el acto violento en sí, sino en el día en que la violencia deje de indignarnos. Ese día no estaremos enfrentando un simple problema de seguridad ciudadana, sino una quiebra absoluta de nuestra humanidad. Y esa, a diferencia de cualquier ley, es mucho más difícil de reconstruir.
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