@abrilpenaabreu
En República Dominicana, la paz laboral no ha sido producto del azar. Ha sido una construcción lenta, imperfecta y muchas veces silenciosa. Mientras en otros países de la región las tensiones entre trabajadores y empleadores derivaron en choques permanentes, aquí predominó otro camino: el de la negociación, el acuerdo y la convivencia productiva.
Ese mérito existe y debe reconocerse. El sindicalismo dominicano, aunque debilitado frente a décadas pasadas, aprendió a negociar dentro de márgenes institucionales. El empresariado entendió que la estabilidad también tiene valor económico. Y el Estado, con todas sus limitaciones, ha servido como árbitro para evitar que los conflictos laborales escalen hasta romper el tejido social.
No es poca cosa. Sobre todo en tiempos donde la polarización política y social consume a buena parte del mundo.
Pero precisamente porque el país ha logrado preservar esa paz laboral, sería un error convertirla en excusa para ignorar los problemas reales que siguen golpeando a millones de trabajadores dominicanos.
Porque después del feriado del Día del Trabajo —opacado este año por la crisis en San Juan— conviene recordar algo incómodo: en República Dominicana todavía se habla demasiado poco sobre las condiciones reales del empleo.
La discusión pública parece haberse reducido casi exclusivamente a la cesantía. Y aunque la cesantía importa, el mundo laboral dominicano es muchísimo más amplio y complejo que ese único debate. El verdadero elefante en la habitación sigue siendo la informalidad.
Más de la mitad de los trabajadores dominicanos continúan laborando fuera de la formalidad. Dependiendo de la medición y del período analizado, la cifra ronda entre el 50 % y el 54 % de la población ocupada. Eso significa millones de personas trabajando sin seguridad social, sin estabilidad, sin pensión, sin protección efectiva y muchas veces sin derechos laborales reales.
Sí, el país ha mostrado avances. El Banco Central reporta crecimiento del empleo y una ligera reducción de la informalidad en los últimos años. Pero incluso con esa mejoría, seguimos teniendo una economía donde el empleo informal supera al formal. Y eso cambia completamente la calidad del crecimiento económico.
Porque crecer no es solamente generar ocupación. Crecer debería significar crear trabajos capaces de sostener una vida digna. Ahí está una de las grandes contradicciones dominicanas.
La economía crece. Las cifras macroeconómicas suelen lucir positivas. Pero demasiados trabajadores siguen atrapados entre salarios bajos, empleos precarios y un costo de vida que avanza más rápido que sus ingresos.
La construcción, por ejemplo, continúa registrando niveles extremadamente altos de informalidad laboral, superiores incluso al promedio nacional. Y detrás de muchos sectores económicamente dinámicos todavía sobreviven jornadas extensas, ausencia de beneficios y trabajadores que envejecen sin protección alguna.
También se habla poco de otro problema delicado: la calidad salarial.
Porque no basta con decir que alguien tiene trabajo cuando ese empleo apenas alcanza para sobrevivir. El trabajador dominicano promedio enfrenta alquileres más altos, alimentos más caros, transporte costoso y servicios básicos cada vez más pesados para el bolsillo familiar. Y aun así, gran parte del debate laboral nacional permanece atrapado en discusiones políticas o empresariales desconectadas de la vida cotidiana.
Peor aún: la informalidad termina creando ciudadanos de segunda categoría dentro del propio sistema económico.
Personas que producen, consumen, sostienen sectores completos de la economía y pagan impuestos indirectos cada vez que compran algo, pero que quedan excluidas de buena parte de las protecciones del Estado.
Ese es uno de los grandes desafíos pendientes del país. Porque la paz laboral no debe confundirse con conformismo social.
El mérito de haber evitado conflictos destructivos no elimina la obligación de seguir mejorando las condiciones laborales reales. La estabilidad es importante, sí. Pero la estabilidad también necesita justicia, movilidad social y oportunidades auténticas.
Y eso implica mirar más allá de la cesantía. Implica discutir productividad, formación técnica, salarios, formalización, seguridad social, empleo juvenil, protección de las mujeres trabajadoras y las enormes diferencias entre quienes trabajan dentro y fuera del sistema formal.
República Dominicana ha demostrado madurez para procesar conflictos laborales sin romperse. Ahora necesita demostrar la misma madurez para discutir, sin miedo ni consignas, las profundas desigualdades que todavía persisten dentro de su mercado de trabajo.
Porque una economía no se mide solamente por cuánto produce.También se mide por cómo viven quienes la sostienen todos los días.
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