Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader anunció la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan de la Maguana, luego del creciente rechazo social y ambiental que ha generado la iniciativa impulsada por la empresa canadiense GoldQuest Mining.
En un mensaje dirigido a la nación la noche de este lunes, el mandatario aseguró que la decisión responde al deber del Estado de actuar con “prudencia y transparencia” cuando la ciudadanía expresa preocupaciones masivas sobre proyectos de alto impacto ambiental.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó Abinader.
El jefe de Estado explicó que la medida se fundamenta en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalando que un proyecto de esa magnitud no puede avanzar si enfrenta una oposición social amplia y sostenida.
Proyecto Romero llevaba años en evaluación
El presidente recordó que el proyecto no se originó durante su administración, sino que sus primeras concesiones de exploración fueron otorgadas en 2005 y ratificadas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018, se renovaron permisos y se autorizaron estudios técnicos para determinar el alcance de la iniciativa minera.
Abinader aclaró que, bajo su gestión, el proyecto únicamente se encontraba en fase de evaluación ambiental y que nunca recibió autorización de explotación.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, afirmó el mandatario.
Protestas aumentaron presión social
La decisión presidencial se produjo apenas un día después de una multitudinaria marcha realizada en San Juan, donde organizaciones ambientales, productores agrícolas, comunitarios, estudiantes y ciudadanos protestaron contra el proyecto minero y advirtieron sobre posibles riesgos para las fuentes acuíferas de la provincia.
La movilización culminó en las inmediaciones de la presa de Sabaneta, infraestructura clave para la producción agrícola del sur del país, donde se registraron incidentes entre manifestantes y agentes policiales, incluyendo el uso de bombas lacrimógenas y chorros de agua.
Los opositores al proyecto sostienen que una eventual explotación minera podría afectar ríos, acuíferos y zonas agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria nacional. San Juan es considerada una de las provincias agrícolas más importantes del país, especialmente en la producción de habichuelas y otros cultivos esenciales.
Debate nacional sobre minería y medio ambiente
El caso Romero vuelve a colocar sobre la mesa el debate entre desarrollo económico, inversión minera y protección ambiental en República Dominicana. Mientras sectores empresariales defienden la minería como fuente de empleos y divisas, grupos sociales y ambientales advierten sobre el impacto que estas explotaciones pueden generar sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades rurales.
La suspensión del proyecto también ocurre en un contexto regional donde varios gobiernos latinoamericanos enfrentan crecientes tensiones entre intereses mineros y presión ambientalista, especialmente en zonas de alto valor hídrico y agrícola.
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