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En un intento por calmar las aguas turbulentas en Bolivia, el expresidente Evo Morales ha presentado una propuesta para pacificar el país, que se encuentra sumido en un profundo conflicto político y social desde hace varias semanas. Este enfrentamiento ha afectado directamente la administración del presidente conservador, Rodrigo Paz, quien se encuentra bajo una creciente presión.
En una entrevista reciente, Morales sugirió que, de acuerdo con la Constitución, cuando un país se encuentra en una situación de ingobernabilidad, abandono o conflicto, se debe convocar a elecciones en un plazo de tres meses. Esta medida, según el político opositor, sería la manera más efectiva de resolver la crisis actual.
Morales también criticó las divisiones internas dentro del Gobierno de Paz, incluyendo las supuestas diferencias entre el presidente y su vicepresidente, Edmand Lara. Además, calificó a Paz como un «presidente por accidente», quien carece de una estructura política sólida y de un programa claro, y que ignora las demandas de los sindicatos y movimientos sociales que han salido a las calles en protesta contra sus políticas económicas, calificadas por Morales de «neoliberales».
En respuesta a las declaraciones de Morales, el presidente Paz afirmó que el expresidente «desvaría» y que no tiene una posición coherente. Paz se negó a pedir disculpas por las declaraciones de Morales, a quien acusó de nunca haber asumido la democracia como una forma de gobierno, sino como una herramienta para controlar al Estado y a la sociedad boliviana.
En las últimas semanas, Bolivia ha experimentado una oleada de protestas populares y bloqueos de caminos, que inicialmente se centraban en reclamos sobre salarios, acceso a combustibles y la derogación de la ley de tierras, pero que han ido aumentando en intensidad y extensión. Miles de manifestantes han exigido la renuncia del presidente Paz y de parte de su gabinete, lo que ha generado choques y acciones represivas por parte de las fuerzas del orden.
El presidente Paz ha denunciado que las protestas tienen un carácter insurreccional y ha recibido el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que ha responsabilizado a las organizaciones políticas derrotadas en las elecciones del año pasado de estar detrás de los disturbios. Washington también ha acusado a estos dirigentes de actuar en colusión con el crimen organizado y los narcotraficantes, aunque no ha presentado pruebas que respalden estas acusaciones.
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