Santo Domingo. El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que otorgó autos de no ha lugar a cinco de los imputados del denominado caso Calamar, al considerar que el tribunal incurrió en una “errónea apreciación de las pruebas” presentadas durante el proceso.
La información fue ofrecida por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien aseguró que el órgano acusador no comparte parte de la decisión emitida por el tribunal, pese a que 35 de los 40 implicados fueron enviados a juicio de fondo.
“El Ministerio Público va a apelar esa decisión. De la sola lectura de lo expresado por el tribunal se hace evidente que hubo una errónea apreciación de varias pruebas”, sostuvo Camacho al salir de la audiencia.
El representante del Ministerio Público explicó que el tribunal acogió testimonios como los de Ramón Emilio Jiménez Vimilo, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, pero —según alegó— no valoró adecuadamente esas mismas declaraciones al momento de emitir los autos de no ha lugar.
“Esos testimonios fueron ofrecidos a viva voz en el tribunal y grabados durante la audiencia, pero el tribunal ni siquiera se refirió a ellos al momento de dictar la decisión”, argumentó.
Camacho también señaló que uno de los imputados favorecidos con el no ha lugar habría presentado un documento manuscrito en el que, presuntamente, escribió nombres de seis personas —incluyendo algunas fallecidas—, evidencia que el Ministerio Público considera relevante dentro del expediente.
“El tribunal entra en contradicción y en una errónea apreciación de la prueba respecto a estos autos de no ha lugar”, afirmó.
No obstante, el procurador defendió la fortaleza general del caso y aseguró que el envío a juicio de la mayoría de los acusados representa un respaldo importante a la investigación del Ministerio Público.
“Que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio es un triunfo. Aun así, el Ministerio Público entiende que los 40 debieron ser enviados a juicio”, expresó.
Asimismo, recordó que los hechos investigados ocurrieron dentro del Ministerio de Hacienda y destacó que el entonces ministro de esa institución figura entre los enviados a juicio junto a otros imputados.
El caso Calamar es uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor perfil en República Dominicana y vincula a exfuncionarios y figuras políticas de alto nivel acusadas de integrar un supuesto entramado para el desvío de fondos públicos.
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