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En un movimiento decisivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido imponer sanciones financieras a varias personalidades clave de la escena política cubana, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel y a miembros de su familia.
Entre los sancionados se encuentran la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, quien reside en la capital española, Madrid. Además, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, también se suma a la lista.
La lista de sanciones, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluye asimismo a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro y a su vez hijo de Alejandro Castro Espín. Esto refleja una estrategia deliberada por parte de la Administración de Donald Trump para abordar la situación Cubana de manera integral.
Las sanciones también se extienden a entidades estatales y organizaciones clave en Cuba, como el Ministerio de las Fuerzas Armadas y los Comités de Defensa de la Revolución, conocidos como CDR. Estos comités desempeñan un papel fundamental en la articulación del apoyo popular a la revolución comunista en la isla.
Además, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur también han sido incluidas en la lista de sancionados. Estas medidas implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, lo que supone un impacto significativo en sus capacidades operativas y financieras.
Los activos de estos individuos y entidades bajo jurisdicción estadounidense ahora están bloqueados, como resultado de estas sanciones. Esto representa un paso importante en la política de Estados Unidos hacia Cuba, con el objetivo de influir en la situación política y social en la isla.