El empresario Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el denominado caso Antipulpo, incorporó a una nueva representante legal de cara al conocimiento del recurso de apelación presentado contra la sentencia que lo condenó a siete años de prisión.
La abogada Wendy Lora asumirá la defensa en sustitución de Richard Martínez, quien lo representó durante el juicio de fondo celebrado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
No es la primera vez que Medina modifica su equipo jurídico. En las etapas iniciales del proceso, incluyendo la medida de coerción y parte del juicio preliminar, estuvo representado por Carlos Salcedo, quien posteriormente se retiró del caso alegando razones profesionales.
Lora ya había tenido participación en el proceso al asumir la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del principal acusado y exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), quien fue descargada por el tribunal que conoció el juicio de fondo.
Aunque los recursos de apelación fueron depositados entre el 30 de enero y el 5 de febrero, todavía no han sido remitidos a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Una vez recibidos, el presidente de esa instancia, Julio César Cano Alfau, deberá realizar un sorteo aleatorio para asignar el proceso a una de las tres salas que integran la corte.
En esta etapa se conocerán tanto el recurso interpuesto por Medina y sus empresas como las apelaciones presentadas por el Ministerio Público de la República Dominicana y otros sentenciados dentro del proceso.
El tribunal que dictó la sentencia, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Castillo, declaró culpable a Medina de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.
Además de la pena de siete años de prisión, se le impuso el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos y el decomiso de bienes a favor del Estado.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también apeló la decisión al considerar que la sanción no se corresponde con la magnitud del daño atribuido al imputado. El órgano acusador había solicitado una condena de 20 años de prisión, alegando que la supuesta red de corrupción habría defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos entre 2012 y 2020.
El Ministerio Público igualmente recurrió las sentencias y descargos de otros implicados, tanto condenados como absueltos, en un caso que continúa generando gran atención pública y que ahora entra en una nueva fase judicial ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
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