Investigación revela presunto fraude millonario en Senasa y entramado que habría operado durante casi cinco años
Una presunta red de corrupción integrada por funcionarios públicos y empresarios privados habría instalado un esquema fraudulento dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante el cual se habrían desviado alrededor de 15 mil millones de pesos desde el año 2020, según documentos e informaciones vinculadas a investigaciones de seguridad nacional y del sistema judicial.
De acuerdo con las indagatorias preliminares, la estructura habría comenzado a operar incluso antes del inicio del actual período gubernamental, consolidándose meses después de la toma de posesión del gobierno en 2020. Las pesquisas señalan que los fondos presuntamente sustraídos habrían sido utilizados para beneficio personal de los implicados, incluyendo adquisición de propiedades de lujo, expansión empresarial, creación de nuevas compañías y movimientos financieros de alto valor.
Sin evidencias de financiamiento político
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, hasta el momento, no existen pruebas que vinculen el dinero presuntamente desviado con campañas políticas ni con actividades partidarias.
Según los informes, los montos comenzaron a ser movilizados después de las elecciones de 2020 y tampoco coinciden con períodos clave de financiamiento electoral, incluyendo el proceso electoral de 2024.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó de forma categórica cualquier intento de relacionar la organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos, afirmando que fue el propio gobierno el que impulsó las investigaciones y acciones judiciales para recuperar los recursos.
Vacíos legales y estructura operativa
Las investigaciones sostienen que la red habría aprovechado disposiciones de la Ley 87-01, que regula el sistema de seguridad social, permitiendo al Senasa negociar directamente con prestadores de servicios de salud sin regirse por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Según explicó la Dirección General de Compras y Contrataciones, dicha normativa limita su competencia en la supervisión de contratos relacionados con tarifas, coberturas y acuerdos con proveedores del sistema de salud, lo que habría facilitado la creación del entramado.
Señalamientos contra exdirector
El expediente preliminar de medidas de coerción señala como figura central del caso al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, quien presuntamente habría dirigido la estructura junto a varios asociados.
Investigadores sostienen que dentro del esquema se habría promovido la idea de que parte del dinero sería destinado a actividades políticas, lo que —según las fuentes— funcionaba como mecanismo de presión y protección interna, aunque hasta ahora no se ha confirmado que dichos fondos llegaran a campañas electorales.
Caso continúa en expansión
El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones, mientras varios de los principales implicados enfrentan medidas de coerción y se preparan nuevas imputaciones contra proveedores y actores vinculados al sector salud.
Las autoridades adelantaron que una segunda fase del proceso investigativo, denominada “Senasa 2.0”, buscará establecer la trazabilidad de los fondos y su relación con el crecimiento patrimonial de los acusados, tanto en el país como en el extranjero.
El caso continúa en fase de instrumentación judicial y se espera que nuevas revelaciones surjan cuando el expediente sea presentado formalmente ante los tribunales.
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