En República Dominicana tenemos un problema curioso: durante años exigimos transparencia y, cuando finalmente los procesos públicos son observados y cuestionados, corremos el riesgo de provocar exactamente lo contrario de lo que buscamos.
La vigilancia pública es necesaria. Los reportajes de investigación cumplen una función esencial en democracia y los funcionarios están obligados a responder. Pero no todos los ámbitos de la administración estatal operan bajo la misma lógica. Existen áreas donde una pausa administrativa es simplemente un retraso… y otras donde una pausa puede convertirse en un daño directo al ciudadano.
La prestación de servicios médicos continuos pertenece a esta última categoría.
Un tratamiento como la diálisis no funciona bajo los tiempos del debate político ni del ciclo noticioso. Un paciente renal no puede esperar la conclusión de una discusión pública, ni el cierre de una auditoría, ni la reingeniería de un proceso administrativo. Su terapia es periódica, constante y absolutamente dependiente de la continuidad operativa del sistema. La interrupción no representa una molestia: representa un riesgo.
El Estado, por tanto, enfrenta una tensión inevitable. Debe rendir cuentas, explicar y documentar el uso de los recursos públicos, pero al mismo tiempo debe garantizar la continuidad del servicio. La transparencia no puede significar improvisación, ni mucho menos decisiones tomadas bajo presión mediática que alteren procesos en curso.
En ocasiones anteriores, la paralización de procedimientos administrativos ha generado efectos visibles en la población. Cuando se detienen procesos complejos sin planificación, quienes pagan el costo no son los funcionarios ni los comentaristas, sino los usuarios del sistema público.
Investigar es correcto. Preguntar es necesario. Corregir, si corresponde, es obligatorio. Pero el objetivo de la supervisión pública no es detener el Estado, sino mejorarlo. Auditar no debe equivaler a paralizar.
El reto institucional consiste precisamente en eso: responder con información verificable, permitir la revisión de los procesos y, al mismo tiempo, garantizar que los servicios esenciales continúen operando con normalidad. La administración pública no puede funcionar a golpe de reacción, porque hay áreas donde la estabilidad no es un lujo burocrático, sino una condición para proteger vidas.
La transparencia es indispensable. La continuidad del servicio también. Y la verdadera madurez institucional se demuestra cuando ambas pueden coexistir.
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