Que una gobernadora le pida a la DNCD que no elimine los puntos de droga, sino que los “mantenga controlados”, debería escandalizarnos.
Sí, por lo que dice, pero más aún por lo que revela, porque esa frase no es solo un desatino, es una confesión.
Una confesión de que el Estado ha perdido control en territorios donde debería imponer orden, de que la institucionalidad no está logrando contener el problema.
Y de que, ante esa incapacidad, algunos funcionarios empiezan a razonar en términos de “daño controlado” en lugar de solución real.
Y eso es peligroso.
Porque cuando una autoridad normaliza el delito —aunque sea en voz baja o desde la desesperación— lo que está haciendo es legitimar su existencia.
Ahora bien, quedarnos solo en la indignación fácil sería un error, antes de quemarla en la hoguera pública, hay una pregunta que el país debe hacerse:
¿Qué nivel de descontrol se vive en esa demarcación para que una gobernadora llegue a ese punto? No es un hecho aislado. Ahí está el antecedente del Padre Rogelio, que en otra provincia salió con ciudadanos a cerrar puntos por cuenta propia, eso no es activismo, eso es vacío de autoridad.
Y cuando la gente siente que el Estado no responde, empieza a sustituirlo, a veces con protestas.
A veces con justicia por mano propia y a veces, como en este caso, con resignación disfrazada de pragmatismo.
Lo más preocupante no es lo que dijo la gobernadora, es el silencio posterior, nadie ha explicado, nadie ha contextualizado, nadie ha corregido.
Como si el país no mereciera entender qué está pasando, como si bastara con dejar que el tema se diluya entre la chercha y la Semana Santa, pero no, aquí hay una línea que no se puede cruzar.
Porque el día que el Estado deja de combatir el delito para “administrarlo”, ese día deja de gobernar.
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