En un país donde la seguridad se ha convertido en una de las principales demandas ciudadanas, hay una línea que no puede cruzarse sin consecuencias: la que separa la protección del abuso.
Y sin embargo, esa línea parece cada vez más difusa, en los últimos días, tres casos han puesto en evidencia una realidad incómoda: los errores del Estado no solo existen, sino que están dejando huellas profundas en ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen que se pretende combatir.
Primero, el allanamiento equivocado en la vivienda de la hija de la comediante Cheddy García. Ahora, en Puerto Plata, una pareja de ancianos —de 80 y 86 años— ve su hogar violentado por agentes que irrumpieron buscando a otra persona. Puertas destruidas, miedo sembrado, confusión total, como si no bastara, el mismo operativo durante esa misma noche alcanzó la vivienda de un familiar donde reside un niño con condiciones especiales.
No fue una puerta equivocada. Fueron varias, no fue un daño colateral, fue una cadena de errores. ¿Es la primera vez ? Tampoco el caso Chelsy solo lo puso en el ojo público.
Y ahí es donde el discurso oficial de “fue un error” deja de ser suficiente. Porque cuando los operativos del Estado pierden la capacidad de verificar, de distinguir y de proteger, lo que queda no es seguridad… es miedo.
Aquí hay un punto que el país debe enfrentar sin evasivas: un error aislado puede explicarse; la repetición de errores revela un problema estructural.
¿Dónde están fallando los protocolos? ¿Quién valida la información antes de ejecutar un operativo? ¿Bajo qué criterios se irrumpe en una vivienda?
Y más importante aún: ¿quién responde cuando todo sale mal? Porque en República Dominicana hay una constante peligrosa: el ciudadano termina cargando con las consecuencias de los errores del Estado.
Carga con los daños materiales, carga con el trauma, carga con la impotencia y muchas veces, también carga con el silencio institucional.
Nadie discute la necesidad de combatir el crimen, ni se cuestiona que las autoridades deben actuar. Pero hay una diferencia clara entre hacer cumplir la ley… y actuar sin el rigor que esa misma ley exige.
Cuando agentes encapuchados irrumpen en la casa equivocada y quienes están dentro creen que se trata de delincuentes, algo está profundamente mal.
Cuando ese error impacta a envejecientes y a un niño con condiciones especiales, la situación deja de ser un simple fallo operativo y se convierte en un problema de humanidad.
La seguridad no puede construirse sobre el miedo de ciudadanos inocentes. Porque cuando el Estado entra por error a tu casa, rompe tus puertas, te expone y luego no responde, lo que se quiebra no es solo la propiedad privada.
Se quiebra la confianza y sin confianza, no hay política de seguridad que funcione. Este no es un debate de oposición o de gobierno, es un debate de institucionalidad.
Y precisamente por eso, la respuesta no puede ser el silencio ni la minimización. Se necesitan tres cosas, con urgencia: investigación real? sanciones cuando corresponda y reparación efectiva a las víctimas
Porque si no hay consecuencias, el mensaje es claro: puede volver a pasar y esa es la verdadera amenaza, no que el Estado se equivoque —porque puede ocurrir—, sino que se acostumbre a equivocarse sin asumir el costo.
Cuando un operativo entra por error a la casa de una joven, luego a la de una pareja de ancianos, y además impacta a un niño vulnerable, la pregunta ya no es quién se equivocó.
La pregunta es cuánto más puede resistir la confianza ciudadana antes de romperse por completo. La seguridad es necesaria, pero sin control, sin responsabilidad y sin consecuencias… la seguridad también puede convertirse en abuso.
Y ese es un riesgo que ningún país debería estar dispuesto a normalizar.
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