RDalDescubierto- Santo Domingo.– El costo que representa para el Estado dominicano mantener a personas privadas de libertad volvió a encender el debate público luego de las declaraciones del comunicador Roberto Santana, quien aseguró que cada interno en el sistema penitenciario nacional cuesta aproximadamente RD$1,400 diarios.
La afirmación fue comentada en medios de comunicación por la periodista Colombia Alcántara, quien reaccionó señalando la magnitud del gasto que implica el modelo actual de encarcelamiento, especialmente cuando una parte significativa de la población penitenciaria aún no posee condena definitiva.
De acuerdo con estimaciones difundidas en el debate mediático, el gasto estatal supera los RD$35 millones diarios, lo que representaría más de RD$12,000 millones anuales destinados al sostenimiento del sistema penitenciario.
El problema de la prisión preventiva
Diversos informes del sistema judicial dominicano han señalado que una alta proporción de los privados de libertad se encuentra bajo medida de coerción de prisión preventiva, es decir, sin una sentencia firme. Este escenario convierte la cárcel, en la práctica, en una pena anticipada y no en una medida excepcional, como establece la normativa procesal penal.
Juristas han advertido en reiteradas ocasiones que el uso excesivo de la prisión preventiva genera tres consecuencias principales:
- Sobrecarga del sistema penitenciario
- Elevado gasto público
- Vulneración potencial del principio de presunción de inocencia
Debate entre seguridad y sostenibilidad
El tema también abre una discusión sobre la sostenibilidad del modelo penal dominicano. Especialistas en justicia penal sostienen que el encarcelamiento masivo no necesariamente reduce la criminalidad y, en cambio, incrementa los costos del Estado sin garantizar una reinserción efectiva.
La discusión pública ahora gira en torno a una pregunta central:
si el sistema penitenciario debe continuar basado en la privación de libertad como medida principal o si el país debe avanzar hacia alternativas como brazaletes electrónicos, medidas domiciliarias y justicia restaurativa.
Mientras tanto, el señalamiento ha reavivado la conversación sobre la eficiencia del sistema judicial dominicano, la mora judicial y el impacto económico que representa la política criminal actual para los contribuyentes.
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