Hay casos que estremecen por la crudeza de los hechos denunciados. Y hay otros que estremecen aún más por lo que revelan de la sociedad. El reciente señalamiento contra un médico ginecólogo por presunta agresión sexual pertenece a esta segunda categoría.
No corresponde a los medios ni a la opinión pública dictar sentencia. Esa es una tarea exclusiva de los tribunales. La presunción de inocencia no es un favor al acusado; es un pilar del Estado de derecho. Sin embargo, hay una pregunta que sí compete a la sociedad: ¿están suficientemente protegidos los pacientes mientras la justicia decide?
La medicina es una de las pocas profesiones donde la confianza no es simbólica, es física. Un paciente se expone corporalmente porque cree en la ética del profesional que lo atiende. En ginecología esa confianza es aún más delicada: la paciente deposita su intimidad en manos de quien tiene autoridad técnica para intervenirla.
Por eso, en cualquier sistema sanitario serio, una acusación reiterada de esta naturaleza activa alarmas institucionales. No porque se presuma culpabilidad, sino porque la prevención es parte de la salud pública. La investigación penal puede tardar; el daño a una paciente, no.
Resulta particularmente preocupante que muchas mujeres no puedan distinguir entre un procedimiento médico normal y uno improcedente. No se trata de falta de inteligencia, sino de falta de información. La relación médico-paciente está basada en conocimiento asimétrico: el profesional sabe, la paciente confía. Si esa confianza es manipulada, la agresión no necesita violencia física; basta el silencio técnico.
El elemento social agrava el cuadro. Cuando las denunciantes pertenecen a sectores vulnerables —pobreza, migración, falta de documentación— la posibilidad de denunciar disminuye y el temor aumenta. El miedo a perder atención médica, a represalias o incluso a consecuencias migratorias puede convertirse en una forma de presión tan efectiva como la amenaza directa.
Aquí emerge el verdadero problema: no basta con investigar después de la denuncia. El sistema de salud también debe prevenir mientras investiga. Permitir que un profesional bajo múltiples señalamientos continúe ejerciendo exactamente en el área donde se producen las acusaciones no protege ni al paciente ni al propio acusado, porque expone a ambos a una espiral de desconfianza social.
El consultorio médico debe ser uno de los espacios más seguros de la sociedad. Cuando se convierte en un lugar de duda o temor, la consecuencia trasciende a las personas involucradas: mujeres dejan de asistir a consultas, se retrasan diagnósticos y la salud pública retrocede.
Este no es un debate sobre nacionalidad ni sobre prejuicios. Es un debate sobre garantías. La justicia debe investigar con rigor, sin presiones ni absoluciones anticipadas. Pero el Estado, mientras tanto, tiene la obligación inmediata de proteger a quienes acuden a sus hospitales.
Porque la confianza en la medicina no se sostiene únicamente con títulos ni con expedientes judiciales. Se sostiene con la certeza de que, al cruzar la puerta de una consulta, el paciente está entrando a un lugar de cuidado, no a un espacio de riesgo.
Si esa certeza se pierde, no falla solo un médico. Falla la sociedad.
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