@abrilpenaabreu
Las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Frías, advirtiendo a empleados públicos por ofrecer información a medios de comunicación sobre presuntos descuentos salariales, han abierto una discusión que trasciende a una figura política específica o a un partido determinado. Lo que está en debate es algo más profundo: la relación entre el Estado, los partidos y los derechos de los servidores públicos.
En toda democracia funcional, el empleo público no es una concesión política ni un premio partidario. Es una función institucional. Quien ocupa un cargo en la administración estatal no sirve al partido gobernante, sino a la ciudadanía, y sus derechos no dependen de la simpatía política ni de la coyuntura electoral.
Por eso resulta preocupante cualquier señal que sugiera que un trabajador del Estado debe guardar silencio por razones partidarias o que su permanencia laboral pueda vincularse a la lealtad política. Tal visión revive una práctica que durante décadas debilitó la institucionalidad dominicana: la confusión entre gobierno y Estado.
El país ha avanzado hacia un modelo más profesionalizado de administración pública. Existen leyes de función pública, mecanismos de carrera administrativa y principios de transparencia que buscan garantizar que el servidor público actúe bajo normas, no bajo órdenes políticas. Sin embargo, esos avances se erosionan cuando desde la dirigencia política se envían mensajes que parecen condicionar derechos laborales a la disciplina partidaria.
La libertad de expresión, la posibilidad de denunciar irregularidades y la protección frente a represalias no son privilegios; son garantías constitucionales. Un empleado público puede tener militancia política, pero su relación laboral es con el Estado dominicano, no con una organización partidaria. Pretender lo contrario coloca a la administración pública en el terreno del clientelismo.
Además, la transparencia administrativa depende precisamente de que existan canales para que informaciones de interés público puedan conocerse. En los sistemas democráticos modernos, incluso se promueve la protección de denunciantes internos como herramienta contra la corrupción y el abuso de poder.
Este episodio no debe utilizarse como arma política entre partidos. La discusión no es quién lo dijo, sino qué revela sobre la cultura política nacional. Durante años, todos los gobiernos han enfrentado la tentación de asumir la estructura estatal como extensión partidaria. La madurez democrática consiste, precisamente, en resistir esa tentación.
La República Dominicana no necesita un Estado silencioso; necesita un Estado institucional. Y la institucionalidad solo existe cuando los derechos no dependen de la simpatía política.
El desafío para la dirigencia política, oficialista y opositora, es claro: garantizar que el servidor público pueda cumplir su función sin presiones partidarias y sin miedo a consecuencias laborales por ejercer derechos que la Constitución protege.
El empleo público debe ser un servicio, no una obediencia.
Solo así la democracia deja de ser electoral para convertirse en institucional.
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