La polémica por las declaraciones del diputado oficialista Jorge Frías no es, en realidad, un problema de comunicación. Es un problema de cultura política.
Muchos han querido reducir el episodio a un “se expresó mal”, a un error frente a un micrófono o a un exceso de confianza en redes sociales. Pero cuando un dirigente político advierte a empleados públicos por hablar con la prensa o sugiere consecuencias si el partido pierde elecciones, lo que aparece no es una torpeza: aparece una forma de entender el poder.
Y esa forma de entender el poder es vieja. Durante décadas, en la República Dominicana se instaló una lógica peligrosa: quien ganaba las elecciones sentía que ganaba el Estado. La nómina pública pasaba a ser territorio político y el empleo público se convertía en una extensión de la militancia. El servidor público no era visto como funcionario del Estado, sino como “gente del partido”.
Ese es el verdadero fondo del debate. Porque un empleado público no trabaja para el partido. Trabaja para el país.
Su salario no lo paga una organización política, lo paga el contribuyente. Y por tanto, sus derechos no dependen de la disciplina partidaria. Puede militar en quien quiera, puede pensar distinto y puede hablar —dentro de la ley— sin que eso implique deslealtad política.
De hecho, las democracias modernas funcionan precisamente al revés: cuando un empleado público denuncia irregularidades, el sistema se fortalece. Cuando calla por miedo, el sistema se corrompe.
Por eso este caso importa. No porque ponga en aprietos al PRM —todos los partidos dominicanos han tenido esa misma práctica cuando han sido gobierno— sino porque revela que el país ha avanzado más en elecciones que en institucionalidad. Hemos aprendido a cambiar gobiernos, pero todavía estamos aprendiendo a separar partido y Estado.
El gobierno actual llegó con una promesa clara: terminar con esa cultura. Y justamente por eso, declaraciones como esta pesan más de lo que parecen. No afectan solo a un dirigente; afectan la percepción de si realmente el modelo político cambió o solo cambió la administración.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Consiste en que nadie sienta que su empleo depende de su silencio político.
Cuando un funcionario cree que el servidor público le debe lealtad partidaria, el Estado se debilita. Cuando el servidor público siente que puede ejercer sus derechos sin miedo, la institucionalidad se fortalece.
El reto de la política dominicana no es ganar elecciones. Es aprender, definitivamente, que gobernar no es administrar un partido… es administrar una República.
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