Melitón Cordero, exjefe local de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana, fue arrestado en Washington, D.C. bajo acusaciones federales que lo señalan como presunto cabecilla de un esquema de sobornos y fraude de visas.
Condecoración y arresto
Cordero había sido condecorado el 11 de septiembre de 2024 con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, mediante el decreto 520-24 firmado por el presidente Luis Abinader. El reconocimiento le fue otorgado por convertirse en el primer dominicano en ocupar la posición de supervisor de la DEA en el país.
No obstante, hasta el jueves 12 de febrero se desempeñaba en dicha función cuando fue detenido por las autoridades estadounidenses. De manera extraoficial, se informó que el decreto que le concedía la condecoración habría sido dejado sin efecto.
Acusaciones federales
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, encabezada por la fiscal Jeanine Ferris Pirro, Cordero habría utilizado su posición de “confianza especial” para agilizar ilícitamente trámites migratorios desde la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
El expediente sostiene que durante su asignación en República Dominicana gestionó al menos 119 solicitudes de visa en un período de seis años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante.
La investigación involucra a la Homeland Security Investigations (HSI) en Newark y Santo Domingo, el Diplomatic Security Service del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Reacción de autoridades
Tras el arresto, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo y calificó el caso como una “violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública”, además de anunciar una revisión interna.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó la reubicación del personal asignado al país. Tanto la Embajada como la agencia subrayaron que las acusaciones no representan al resto de sus funcionarios.
Por su parte, el canciller dominicano Roberto Álvarez informó que sostuvo una conversación con la embajadora y precisó que se trata de una investigación interna de la misión diplomática estadounidense, sin indicios de participación de funcionarios del Gobierno dominicano.
Las autoridades locales reiteraron que el proceso corresponde a los mecanismos institucionales de Estados Unidos y que, hasta el momento, no existe señalamiento alguno contra organismos ni funcionarios dominicanos.
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