RDalDescubierto-La brutal agresión física sufrida por el profesor Naony Anderson Solano a manos de varios estudiantes en un centro educativo ha abierto una herida que va más allá de las aulas. El caso, que se volvió viral tras la difusión de imágenes del docente herido, ha puesto al descubierto una realidad preocupante: la República Dominicana carece de un protocolo claro, humano y legalmente robusto cuando se trata de la detención de menores de edad en conflictos con la ley.
El silencio del sistema
A 24 horas del incidente, el foco de la noticia ha dado un giro inesperado. Mientras el Ministerio de Educación (MINERD) y los gremios de maestros exigen sanciones ejemplares, las familias de los menores involucrados han roto el silencio para denunciar lo que consideran un manejo irregular de la justicia juvenil.
Según declaraciones de los familiares, estos se enteraron del apresamiento de sus hijos a través de la prensa y las redes sociales, antes de recibir una notificación oficial de las autoridades competentes. «Nosotros no justificamos lo que pasó, pero son menores y tenemos derechos. Hasta este momento, no hemos podido hablar con ellos ni sabemos bajo qué condiciones están», expresó uno de los parientes visibles frente al destacamento.
Un protocolo inexistente
Al analizar el caso, queda en evidencia que la justicia dominicana suele actuar de forma reactiva ante la presión mediática. La Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) establece pautas estrictas sobre la detención de menores, priorizando el contacto inmediato con los padres o tutores y la presencia de fiscales especializados. Sin embargo, en la práctica:
1. Filtración de datos: La identidad y el estatus legal de los menores circularon en medios digitales antes de que se completara el debido proceso.
2. Aislamiento: La denuncia de las familias sobre la imposibilidad de comunicarse con sus hijos sugiere una violación a los derechos de asistencia legal y familiar.
3. Vacío en la respuesta: Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han aclarado por qué el protocolo de notificación falló en un caso de tan alta sensibilidad.
El sentir de una generación
Para muchos, este caso es un choque de realidades. Por un lado, la exigencia de respeto hacia la figura del docente, que se ha perdido en las últimas décadas; por otro, la preocupación por un sistema judicial que parece improvisar cuando la presión social exige «cabezas», incluso si se trata de menores de edad.
¿Cómo podemos exigir que los jóvenes respeten las leyes si las instituciones que deben aplicarlas ignoran sus propios reglamentos de protección?
La violencia en las escuelas es un síntoma de una sociedad descompuesta, pero una justicia que no comunica y que aísla a las familias es parte del problema, no de la solución. El caso de Naony Solano debe ser el catalizador para que el sistema judicial dominicano defina, de una vez por todas, cómo proceder ante la delincuencia juvenil sin vulnerar los derechos fundamentales que el propio Estado debe garantizar.
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