@abrilpenaabreu
RDalDescubierto- El colapso del Jet Set marcó a la sociedad dominicana como uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente. Decenas de vidas se perdieron de manera abrupta, dejando familias rotas, un país conmocionado y una obligación ineludible para el Estado: garantizar verdad, justicia y reparación.
En contextos como este, el clamor social es comprensible. El dolor exige respuestas, y la indignación pide responsables. Sin embargo, precisamente en los casos de mayor impacto humano es donde el debido proceso se vuelve más necesario, no menos. No como una protección para los imputados, sino como la única vía legítima para que la justicia sea firme, creíble y duradera.
A la fecha, persisten interrogantes que el Estado aún no ha despejado de manera clara y pública. Entre ellas, el paradero y destino de los escombros, el peritaje técnico definitivo sobre las causas del colapso y, más recientemente, la resistencia institucional a permitir un peritaje externo e independiente, solicitado por una de las partes. En un caso con tantas víctimas, resulta difícil entender por qué ampliar el análisis técnico sería visto como una amenaza y no como un refuerzo del proceso.
Un peritaje independiente no altera las responsabilidades civiles ya asumidas, no modifica el tipo penal aplicable ni priva a las víctimas de la indemnización que les corresponde. Por el contrario, fortalece la causa, reduce el margen de cuestionamientos futuros y aporta un cierre basado en hechos verificables, no en silencios ni sospechas.
El problema de fondo no es jurídico, sino institucional. La falta de información clara y oportuna no protege la investigación; alimenta la desconfianza ciudadana. Cuando las autoridades optan por el hermetismo prolongado, el vacío lo llenan las conjeturas, y quienes cargan con esa incertidumbre no son los imputados, sino las propias familias de las víctimas.
Al mismo tiempo, es necesario hacer una advertencia responsable. El legítimo dolor de las víctimas no debe ser instrumentalizado por grupos, actores o agendas que, bajo la bandera de la justicia, pueden terminar desvirtuando el mensaje central y erosionando la empatía y el respaldo de la sociedad. La causa de las víctimas es moralmente fuerte por sí sola; no necesita atajos ni vocerías interesadas que la contaminen.
La historia reciente demuestra que cuando una tragedia se politiza, se radicaliza o se utiliza como plataforma, las primeras perjudicadas son las propias víctimas, cuyos reclamos terminan perdiendo claridad, legitimidad y acompañamiento social.
La justicia dominicana tiene ante sí una oportunidad —y una responsabilidad— de actuar con madurez institucional. Cumplir con el debido proceso, permitir evaluaciones técnicas independientes y comunicar con transparencia no es ceder ante presiones: es honrar a quienes perdieron la vida y respetar a quienes aún esperan respuestas.
En casos como este, la verdadera justicia no se construye sobre el ruido, sino sobre la verdad. Y la verdad, cuando se busca con rigor y sin miedo, siempre termina sirviendo primero a las víctimas.
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