Mientras el mundo mira hacia el Estrecho de Ormuz y los mercados internacionales tiemblan ante la escalada en Medio Oriente, hay una verdad incómoda que pocos quieren asumir: la crisis energética no se vive solo en los titulares. También se construye todos los días, dentro de nuestras propias casas.
La Agencia Internacional de la Energía no le habló únicamente a los gobiernos. Le habló también a los ciudadanos. Sus recomendaciones son concretas: reducir el uso del vehículo privado, fomentar el teletrabajo, optimizar el consumo eléctrico, eliminar el gasto innecesario. No es un discurso ideológico. Es una advertencia técnica. Y República Dominicana no está exenta.
Pero aquí el problema no es solo cuánto consumimos, es cómo consumimos:
Llega la luz y se enciende todo al mismo tiempo, el aire acondicionado, el abanico, la computadora, las bocinas, el televisor, la lavadora, los cargadores, las luces de habitaciones que nadie va a ocupar, no por necesidad ni por memoria de escasez, por inconsciencia colectiva.
Porque nadie relaciona ese gesto automático con el apagón del vecino, con el costo que absorbe el sistema, con los 105 mil millones de pesos que el Estado destina cada año a sostener un servicio que se desperdicia sin culpa y sin conciencia. Ese comportamiento colectivo y simultáneo genera picos de demanda que desestabilizan el sistema y aceleran el próximo corte, no es mala suerte, es consecuencia.
Las luces encendidas en habitaciones vacías, los equipos en modo standby durante horas, el aire acondicionado a 16 grados con la puerta abierta —cuando subirlo a 24 grados reduce el consumo hasta un 30%— el calentador eléctrico funcionando todo el día aunque nadie se vaya a duchar, los inversores cargando sin control las 24 horas, cada uno de esos gestos parece menor, sumados, representan una carga sobre un sistema que ya opera al límite.
Hay además una trampa silenciosa que atraviesa todos los niveles económicos, aunque de formas distintas. El bombillo incandescente que nadie ha cambiado porque la luz llega igual, el aire acondicionado sin clasificación de eficiencia, la nevera de hace veinte años que “todavía funciona.” Lo que no se ve es lo que cuesta, un bombillo LED consume hasta un 80% menos que uno incandescente y hoy se consigue en cualquier colmado a un precio accesible para casi cualquier bolsillo, ese cambio está al alcance de todos.
Los electrodomésticos eficientes son una conversación distinta: no se le puede pedir a una familia de escasos recursos que cambie su nevera cuando apenas llega a fin de mes, pero sí se le puede pedir a quien tiene capacidad de inversión que deje de postergar esa decisión escudándose en que el equipo “todavía sirve.”
Mantener electrodomésticos ineficientes cuando se puede cambiarlos no es una decisión neutral, es una decisión que tiene un costo individual y colectivo, aunque no siempre se vea reflejado en el bolsillo propio, pero eso va a cambiar si la crisis en Irán continúa y empieza a subir la tarifa.
A esto se añade algo más grave y más silenciado: las conexiones ilegales. No son solo un delito, son parte activa del colapso, aumentan las pérdidas no técnicas del sistema, provocan caídas de voltaje que dañan equipos de quienes sí pagan, y elevan el costo que toda la sociedad absorbe a través del subsidio eléctrico. Quien se conecta ilegalmente no está robándole a una empresa abstracta, le está robando estabilidad a su propio vecino.
La crisis energética no es un fenómeno lejano que se resuelve en Ginebra o en el Palacio Nacional. Es también una suma de decisiones cotidianas que se toman en cada hogar, en cada negocio, en cada esquina.
Ahorrar energía no es un sacrificio, es una responsabilidad que no podemos seguir delegando.
Porque mientras el Estado enfrenta el reto de reducir pérdidas estructurales y sostener subsidios insostenibles, el ciudadano sigue consumiendo como si la energía fuera infinita, como si el próximo apagón fuera siempre culpa de otro.
El problema no es solo cuánto cuesta la energía, es cuánto seguimos dispuestos a desperdiciar.
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