Durante casi siete décadas, un acuerdo entre el Estado dominicano y una orden religiosa sostuvo un centro que hoy atiende a cientos de estudiantes y menores en situación vulnerable. Hoy, ese acuerdo parece haber quedado atrapado en una transición institucional… y los afectados siguen esperando.
Hay estructuras que no hacen ruido porque simplemente funcionan, durante años, el centro administrado por los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores en San Cristóbal operó bajo un modelo claro: el Estado aportaba recursos, la orden gestionaba el servicio.
Un convenio vigente desde 1956, nunca interrumpido… Hasta ahora.
Hoy, ese centro —que atiende a 21 jóvenes en situación de interdicción y a más de 700 estudiantes— enfrenta una realidad distinta: cuatro meses sin recibir los fondos que garantizaban su operación.
No es una cifra menor, no es un retraso cualquiera.
Es una señal de que algo, en el proceso de reorganización institucional, no está funcionando como debería, tanta “trasparencia” no necesariamente responde a las necesidades reales de la población.
La creación del Ministerio de Justicia responde a una necesidad real: ordenar el sistema, separar funciones, modernizar estructuras.
Pero en esa transición, hay preguntas que no pueden quedar sin respuesta: ¿Quién asumió formalmente este tipo de convenios?, ¿En qué momento se interrumpió el flujo de recursos?, ¿Por qué un acuerdo de casi 70 años quedó sin continuidad inmediata?
Las reuniones sostenidas —el 9 de enero con Roberto Santana y el 8 de abril con el ministro Antoliano Peralta— apuntan a que hay voluntad de resolver.
Pero la voluntad, sin ejecución, no sostiene instituciones, Este no es un caso de confrontación política, es más simple —y más preocupante— que eso: es un vacío.
Un espacio donde: Las responsabilidades no están del todo claras, los procesos no han terminado de ajustarse Y mientras tanto, un centro que no puede detenerse… queda en espera
Lo urgente no admite transición, hay áreas del Estado que pueden adaptarse con el tiempo, esta no es una de ellas.
Cuando se trata de menores bajo tutela y de cientos de estudiantes en formación, la continuidad no puede depender de procesos internos.
Porque lo que está en juego no es una estructura, es una función social.
Este caso representa algo más que un inconveniente administrativo, es una prueba, una prueba para el Ministerio de Justicia en su etapa inicial, una prueba de coordinación institucional y sobre todo, una prueba de capacidad de respuesta.
Las instituciones pueden cambiar de nombre, de estructura o de mando. Pero cuando lo esencial se detiene, no estamos ante una transición: estamos ante un vacío que alguien debe llenar.
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