Las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitiendo que aún existen agentes que no se alinean con la reforma policial, revelan una verdad incómoda que durante años se ha evitado enfrentar con claridad.
El problema de la Policía Nacional no es únicamente presupuestario. Es cultural.
Durante décadas, el discurso público insistió en que los abusos policiales, la corrupción interna o el deterioro institucional se explicaban principalmente por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales. Bajo esa lógica, mejorar la remuneración y la formación de los agentes sería suficiente para transformar la institución.
Pero la realidad demuestra que el problema es más profundo.
En los últimos años, el Estado dominicano ha realizado una inversión significativa en la dignificación de la carrera policial: aumentos salariales, nuevos programas de formación, cooperación internacional y procesos de reforma institucional. Sin embargo, los episodios de abuso, irregularidades y conductas incompatibles con la misión policial continúan apareciendo con preocupante frecuencia.
Eso obliga a preguntarse algo que el país ha evitado discutir con franqueza: ¿qué ocurre cuando una institución arrastra por décadas una cultura organizacional que normaliza prácticas que hoy resultan inaceptables?
La resistencia interna a los cambios no es una sorpresa. Toda reforma institucional enfrenta tensiones. Pero cuando esa resistencia proviene de quienes deben encarnar el cambio, la reforma corre el riesgo de convertirse en un proceso meramente administrativo.
Ninguna transformación institucional puede consolidarse si quienes no creen en ella permanecen dentro del sistema.
No se trata de deslegitimar a la Policía Nacional. La República Dominicana necesita una policía fuerte, profesional y respetada. Pero precisamente por eso la reforma debe ir más allá de la capacitación y los incentivos económicos.
Debe incluir depuración real, supervisión efectiva y una redefinición profunda del rol policial en una sociedad democrática.
Porque cuando las “manzanas podridas” permanecen dentro de la institución, la reforma se convierte en un ejercicio incompleto.
Y el país no necesita una reforma incompleta. Necesita una policía que inspire confianza. Una policía que proteja al ciudadano, no que lo intimide.
Una policía que entienda que el poder que ejerce no es un privilegio, sino una responsabilidad frente a la sociedad.
La reforma policial dominicana no fracasará por falta de dinero. Fracasará si no logra cambiar la cultura que durante décadas ha definido el funcionamiento interno de la institución.
Y esa es, sin duda, la parte más difícil de cualquier reforma.
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