Santo Domingo.– La procuradora general adjunta, Jenny Berenice Reynoso, lanzó un contundente mensaje dirigido a miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad que incurran en abusos de poder, dejando claro que el Estado no tolerará conductas ilegales bajo el amparo del uniforme.
Durante una intervención que rápidamente ha comenzado a circular en redes sociales, Reynoso denunció prácticas que van desde allanamientos sin orden judicial hasta actos de corrupción cotidiana en las calles.
“Si usted entra a una casa sin orden y cree que la toalla de la señora es evidencia del caso, tenemos un problema serio”, expresó.
La magistrada también cuestionó el uso indebido del uniforme oficial para fines personales o conductas inapropiadas, señalando que quienes deshonran la institución deberán asumir las consecuencias.
“Si usted se pone el uniforme del Estado para ir a un teteo a bailar dembow, también tenemos un problema serio”, agregó.
Uno de los puntos más críticos de su declaración estuvo dirigido a la práctica de extorsión a ciudadanos, particularmente motoristas, una queja recurrente en distintos sectores del país.
“Si usted ve a un motorista y lo primero que piensa no es documento, sino cuánto hay ahí, el problema es todavía más serio”, enfatizó.
Reynoso advirtió que el Ministerio Público ya trabaja en acciones concretas para sancionar estas conductas, dejando claro que el uniforme no puede convertirse en un mecanismo de abuso.
“Mientras algunos creen que el uniforme es una cuenta bancaria portátil, nosotros estamos preparando una habitación con barrotes y vista permanente al patio”, dijo, en referencia directa a posibles sanciones penales.
La procuradora concluyó con un mensaje directo: quienes no estén dispuestos a servir al país con integridad deberán enfrentar la justicia.
“Decidan, o sirven al país o se mudan al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres con pensión completa”, sentenció.
El pronunciamiento se produce en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor control, transparencia y rendición de cuentas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.