Por Abril Peña
Durante demasiado tiempo, hablar de inmigración en Occidente fue caminar sobre un campo minado. Bastaba con preguntar si los Estados estaban preparados para integrar grandes flujos migratorios para que el debate se redujera a dos trincheras, de un lado quienes defendían una apertura casi sin condiciones, del otro quienes exigían cierres drásticos de fronteras. Pero la realidad terminó imponiéndose, y hoy Europa y Estados Unidos están entrando en una etapa donde ya no se discute si habrá controles migratorios, eso parece superado, la verdadera discusión ahora es hasta dónde llegarán esos controles y cuáles serán sus consecuencias humanas, políticas y sociales.
Europa, que durante años intentó venderse como el gran laboratorio de la solidaridad multicultural, ha comenzado a endurecer su política migratoria con nuevas reglas de asilo y retorno, controles fronterizos más estrictos, procesos más rápidos y mayores mecanismos para deportar a quienes no tengan derecho legal a permanecer en el bloque, y ya se habla de centros de retorno fuera de la Unión Europea, una idea que hace pocos años habría sido presentada como inaceptable por buena parte del liderazgo europeo. ¿Qué cambió? La presión ciudadana, las urnas, la percepción de seguridad, y sobre todo la confianza de muchos europeos en la capacidad de sus gobiernos para gestionar la inmigración sin afectar la cohesión social.
Las imágenes de disturbios en Francia, de barrios fuera del control pleno del Estado, de enfrentamientos con la autoridad y de tensiones culturales acumuladas no pueden explicarse únicamente por la inmigración, sería injusto y simplista, pero tampoco pueden entenderse sin hablar de integración fallida. Ese es el punto que durante años muchos dirigentes se negaron a reconocer: recibir personas no es lo mismo que integrarlas, abrir una frontera no construye automáticamente una comunidad, y permitir la entrada de miles o millones de personas sin un plan real de integración, empleo, idioma, educación cívica y respeto a las normas comunes termina creando sociedades paralelas. Ahí Europa está pagando una factura política muy alta.
Mientras tanto, Estados Unidos acaba de cerrar uno de los capítulos más duros de su propia batalla migratoria. El 25 de junio, la Corte Suprema falló seis a tres a favor de la administración Trump, avalando la terminación del Estatus de Protección Temporal para haitianos y sirios, una decisión que deja expuestas a la deportación a 350,000 personas de Haití y 6,100 de Siria, con un impacto potencial sobre más de un millón de inmigrantes de diecisiete países que tenían ese estatus cuando Trump regresó al poder. El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que la ley es clara al prohibir cualquier revisión judicial de las decisiones del gobierno sobre la designación o terminación del TPS, mientras la jueza Sonia Sotomayor escribió en su disidencia que las consecuencias de la decisión son predecibles y que más personas morirán.
El argumento del gobierno es claro: el TPS es temporal y no puede convertirse en una residencia indefinida por la vía de los hechos. El argumento de los afectados también es poderoso: tanto Haití como Siria siguen enfrentando violencia, colapso institucional e inseguridad extrema, hasta el punto de que el propio Departamento de Estado desaconseja viajar a esos países por riesgos de terrorismo y secuestro. Y ahí aparece el dilema moral y político de fondo: ¿puede un país mantener indefinidamente programas temporales porque los países de origen no logran estabilizarse? ¿Puede deportar masivamente a personas hacia lugares donde la vida misma está en riesgo? ¿Dónde termina la responsabilidad humanitaria y dónde comienza el derecho soberano de una nación a decidir quién permanece en su territorio?
Hay un dato que el debate político suele omitir y que merece nombrarse con la misma seriedad que las cifras de deportación: unos 200,000 haitianos con TPS forman parte activa de la fuerza laboral estadounidense, incluidos 15,000 trabajadores agrícolas y 13,000 auxiliares de enfermería, aportando casi 5,900 millones de dólares a la economía de ese país. La discusión migratoria no es solo sobre quién entra y quién sale, es también sobre qué tejido económico se desarma cuando un Estado decide ejecutar esas decisiones sin un período de transición planificado.
Y la sentencia no se queda en Haití y Siria. Abre la puerta a que el gobierno estadounidense termine también el TPS para El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania, lo que confirma que esto no es un caso aislado sino el inicio de una reconfiguración completa de cómo Estados Unidos entiende la protección humanitaria temporal.
A esto se suma el debate sobre la ciudadanía por nacimiento, que toca una fibra profunda de la identidad constitucional estadounidense. Durante más de un siglo, nacer en Estados Unidos ha significado, salvo excepciones puntuales, ser ciudadano estadounidense, y cambiar esa interpretación sería una sacudida histórica, no solo jurídica sino política y cultural. Aunque Estados Unidos tiene una tradición distinta a la europea, el fondo del debate es el mismo: ¿quién pertenece a una nación y bajo qué condiciones? Ese es el gran tema de nuestro tiempo.
Occidente envejece, necesita mano de obra, requiere inmigrantes y no puede cerrar completamente sus puertas. Pero al mismo tiempo, las sociedades occidentales están diciendo que no aceptan una inmigración desordenada, sin límites, sin control y sin integración real. Ese giro no debe leerse únicamente como un avance de la derecha, es más profundo que eso, es una reacción contra años de negación, porque cuando los gobiernos no escuchan las preocupaciones legítimas de sus ciudadanos, esas preocupaciones no desaparecen, se acumulan, se radicalizan, y luego se expresan en las urnas, en las calles o en los tribunales.
República Dominicana debe mirar este debate con mucha atención, porque lo que ocurra en Estados Unidos con el TPS haitiano puede tener efectos directos sobre Haití y, por extensión, sobre nuestro país. Si cientos de miles de haitianos pierden protección migratoria y se acelera su retorno a un país colapsado, la presión social, económica y migratoria sobre la isla podría aumentar de manera significativa. Y si Europa, con todos sus recursos, instituciones y capacidad económica, reconoce que no puede sostener una migración sin control, ¿por qué República Dominicana tendría que hacerlo sin siquiera poder plantear el tema con seriedad?
Aquí también necesitamos una conversación adulta, sin odio, sin ingenuidad, sin complejos. La inmigración debe tratarse con humanidad pero también con realismo, los Estados tienen deberes morales pero también responsabilidades con sus ciudadanos, defender fronteras no es deshumanizar al extranjero, exigir orden no es xenofobia, pedir integración no es discriminación. Lo irresponsable es negar los problemas hasta que explotan.
Europa parece haber entendido tarde que la solidaridad sin control puede terminar debilitando la confianza ciudadana. Estados Unidos acaba de llevar esa discusión al corazón de su propio sistema judicial. Y República Dominicana debe aprender de ambos procesos antes de que la realidad nos obligue a reaccionar sin planificación.
Porque al final, el tema no es si un país debe recibir inmigrantes, el tema es cuántos puede integrar, bajo qué reglas, con qué recursos y sin poner en riesgo su propia cohesión social e identidad cultural.
Ese es el debate que Occidente ya empezó y nosotros no podemos darnos el lujo de llegar tarde.
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