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En una operación que ha generado gran interés en el ámbito de la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha adquirido dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes en California, con un valor total de 1.500 millones de dólares, como parte de las iniciativas del presidente Donald Trump.
Los centros de detención que fueron objeto de esta adquisición son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera entre California y México, y el Centro de Detención de California City, situado en el condado de Kern, cercano a la ciudad de Los Ángeles. Ambos centros pertenecían anteriormente a la compañía CoreCivic, especializada en servicios correccionales.
Según los documentos legales de la transacción, que tuvo lugar el 2 de julio, el Gobierno de Estados Unidos pagó 739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, que tiene una capacidad para albergar a 1.994 personas, y 732,6 millones de dólares por el centro de California City, que fue recientemente inaugurado y puede acoger a 2.560 personas.
La compañía CoreCivic ha expresado su intención de seguir gestionando las operaciones diarias de ambos centros, basándose en los contratos vigentes que mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta adquisición se produce después de que el Congreso de EE.UU. aprobara un proyecto de ley republicano valorado en 70.000 millones de dólares para financiar a ICE y otras agencias federales relacionadas con la inmigración durante el resto del mandato del presidente Trump.
Los centros de detención migratoria han estado bajo el escrutinio público debido a denuncias de negligencia y el aumento en el número de fallecimientos de extranjeros bajo la custodia de ICE. Durante los primeros seis meses del año, se han reportado un total de 52 muertes. Además, se ha revelado que al menos quince de los 45 centros de detención de ICE que albergan a 500 o más personas no han sido inspeccionados en el último año, a pesar de las denuncias de irregularidades presentadas por grupos humanitarios.
Un análisis reciente también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección, lo que genera preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en estos centros. Esta situación ha generado un gran debate sobre la gestión de la inmigración y el trato a los detenidos en los centros bajo la administración del presidente Trump.
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