Escuchar a Antonio Marte advertir que la entrada de Caribe Tours al corredor del Este podría generar un conflicto “más grande que el de Medio Oriente” no es solo una declaración desafortunada, es una señal.
Una señal clara de que, en República Dominicana, todavía hay sectores que se sienten con más poder que el propio Estado.
Porque aquí no se está discutiendo una diferencia comercial entre empresas, se está cuestionando algo mucho más profundo: quién tiene la autoridad real sobre el transporte en el país.
Y la respuesta, desde el punto de vista legal, es inequívoca. La Constitución dominicana reconoce la libertad de empresa y prohíbe los monopolios privados.
La Ley 63-17 establece que el transporte es un servicio público regulado por el Estado, y que corresponde a las autoridades —no a los sindicatos ni a las empresas— decidir quién opera, dónde y bajo qué condiciones.
Las rutas no son propiedad privada, no son herencia, no son territorio.
Son parte de un sistema público que debe responder al interés general.
Sin embargo, el discurso que emerge desde sectores del transporte parece decir lo contrario: que hay zonas vedadas, espacios reservados y reglas paralelas que no dependen de la ley, sino de acuerdos de facto sostenidos durante años.
Y eso es precisamente lo preocupante.
Porque cuando un representante del poder legislativo habla en esos términos, no solo está expresando una posición sectorial:
está validando la idea de que la fuerza —o la amenaza de ella— sigue siendo un mecanismo legítimo de negociación.
Y ahí es donde el problema deja de ser transporte, se convierte en institucionalidad.
¿Cómo se construye un país donde se respete la ley si quienes deben legislarla o representarla parecen operar bajo otra lógica?
¿Cómo se le exige al ciudadano que respete normas, autoridades y procesos, si desde arriba se proyecta que todo es negociable bajo presión?
El riesgo no está únicamente en lo que podría ocurrir en Higüey, el verdadero riesgo está en el precedente.
En la normalización de que cada sector defienda “lo suyo” como si el país estuviera dividido en parcelas informales donde la ley es secundaria.
Y no, República Dominicana no puede seguir funcionando así.
Porque un Estado que no puede garantizar el libre ejercicio de una actividad económica legal, no es un Estado fuerte.
Es un Estado condicionado.
Y un país donde las decisiones públicas dependen de quién amenaza más fuerte, deja de ser una democracia funcional para convertirse en un terreno de disputas permanentes.
Aquí no se trata de Caribe Tours, se trata de algo más simple —y más serio—: si en República Dominicana manda la ley… o mandan los que creen que pueden desafiarla.
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