Que el Pepca someta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara es lo mínimo. Lo correcto. Lo obligado. Pero no puede ser lo suficiente.
Porque cuando un fiscal adscrito precisamente al órgano llamado a perseguir la corrupción cae, presuntamente, recibiendo dinero de una persona bajo investigación, el problema deja de tener el tamaño de un expediente individual. Se convierte en una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos ante una manzana podrida o ante un árbol enfermo?
Aurelio Valdez no era un desconocido. No era un empleado marginal perdido en una oficina irrelevante. Era un fiscal que había participado en algunos de los expedientes más sensibles y sonados de corrupción administrativa en República Dominicana. Medusa. Senasa. Los Tres Brazos. Casos en los que el país ha depositado expectativas de justicia, reparación y castigo ejemplar.
Por eso este caso no se resuelve con una nota de prensa, una solicitud de coerción y una frase firme ante las cámaras. Porque lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un hombre. Lo que está en juego es la credibilidad de todo lo que tocó.
Si, como ha trascendido, el dinero habría salido de una persona vinculada al entramado de Senasa, entonces la pregunta se vuelve aún más grave. ¿Valdez operaba solo? ¿Extorsionaba por cuenta propia? ¿O era parte de una práctica más amplia, tolerada, conocida o convenientemente ignorada? ¿A quién beneficiaba realmente su posición? ¿Hasta dónde llegaba su margen de maniobra?
Y si un fiscal con ese nivel de acceso y cercanía a casos de alto perfil podía, presuntamente, negociar por debajo de la mesa, entonces el país tiene derecho a exigir algo más que su sometimiento individual. Tiene derecho a exigir una revisión transversal.
Porque aquí no se trata solo de castigar al que cayó. Se trata de auditar los procesos, revisar las actuaciones, examinar contactos, comunicaciones, decisiones, exclusiones, acuerdos y silencios. Se trata de determinar si este hombre fue una anomalía o apenas la parte visible de una enfermedad más profunda dentro del Ministerio Público.
La indignación ciudadana no nace de la nada. Viene acumulándose. Un día se pierde una maleta. Otro día desaparecen joyas. Otro día se allana una casa equivocada. Otro día surge un fiscal cuestionado. Y siempre se responde con la misma fórmula: investigación interna, indignación institucional y promesa de consecuencias. Pero el problema es que el país ya no solo escucha los anuncios; también observa los patrones.
Y el patrón es peligroso: cuando el escándalo estalla, se aísla a un responsable, se le exhibe como excepción y se intenta salvar la estructura. Pero en justicia, como en política, a veces el problema no es el individuo que cae, sino el sistema que lo sostuvo hasta que dejó de ser útil.
Someter a Aurelio Valdez es correcto. Pero si la investigación termina en él, entonces no habrá limpieza: habrá contención de daños.
Y eso no le sirve a la justicia.
No le sirve al Ministerio Público Y mucho menos le sirve a un país cansado de que siempre aparezca un culpable pequeño
https://www.instagram.com/p/DWjFFGvkbu_/?igsh=MW9xaXNldTcxZWlncw==
Acerca del autor
