@abrilpenaabreu
El director del Intrant sugirió hace unos días que el TRAE podría extenderse para atender también a los estudiantes de escuelas privadas, como una medida para reducir los tapones en las horas pico. La idea tiene lógica en papel, menos carros particulares en las calles, menos congestión, más eficiencia. Pero antes de celebrar la propuesta, vale la pena hacerse una pregunta honesta: ¿se atrevería un padre de clase media a poner a su hijo en ese transporte hoy?
Porque en lo que va de 2026 el TRAE ha protagonizado o sido víctima de al menos tres incidentes serios que ningún padre con opciones puede ignorar. El 21 de febrero, Yomailys Penelophe Feliz Sosa, de 14 años, murió atropellada por una guagua del transporte público Neyba-Barahona justo después de bajarse del autobús escolar al salir del Politécnico Fe y Alegría, falleciendo una hora después en el hospital por trauma craneoencefálico severo.  Cuatro días después, el 25 de febrero, un autobús escolar fue impactado en el kilómetro 26 de la carretera de Yamasá por una guagua de transporte público cuyo conductor huyó de la escena, dejando varios estudiantes heridos.  Y ayer, en El Café de Herrera, un grupo de motoconchistas rodeó y golpeó al chofer Henrry González mientras transportaba niños hacia su escuela, con los estudiantes adentro gritando de miedo mientras la turba ignoraba que había menores a bordo porque alguien se los advirtió y decidieron ignorarlo.
Tres incidentes en menos de cuatro meses. No es una racha de mala suerte, es un patrón que tiene un denominador común, y ese denominador no es el TRAE sino las calles dominicanas, que son lo que son independientemente de quién las transite.
Y aquí está el punto que el debate sobre la extensión del servicio a escuelas privadas no puede eludir: la diferencia entre los padres que hoy usan el TRAE y los que no lo usan no es que unos cuiden más a sus hijos que otros, es que unos tienen opciones y otros no. La clase media tiene carro, tiene la posibilidad de escoger, y mientras las calles dominicanas sean el caos que son, con casi cuatro millones de motocicletas sin licencia, con conductores que atropellan y se fugan, con turbas que atacan autobuses escolares en plena mañana, la mayoría de los padres que pueden elegir van a seguir eligiendo llevar a sus hijos ellos mismos aunque eso signifique sumar un carro más al tapón que todos queremos resolver.
Lo cual lleva a la pregunta real que este país no quiere hacerse en voz alta: el problema no es el TRAE, que es una conquista genuina de este gobierno para las familias que no tienen otra opción y merece reconocerse sin matices, el problema es el ecosistema vial dentro del cual opera, donde la imprudencia es la norma, donde el respeto a las leyes de tránsito es opcional, donde un motorista sin licencia puede atropellar a una niña de 14 años que acaba de bajarse de un autobús escolar, donde una guagua puede chocar un bus lleno de estudiantes y su conductor puede huir sin consecuencias inmediatas, y donde una turba puede golpear a un chofer con niños adentro porque así decide que funciona la justicia en la calle.
Yomailys no murió porque el TRAE fallara. Murió porque las calles dominicanas fallaron. Los estudiantes de Yamasá no resultaron heridos porque el autobús fallara. Resultaron heridos porque otro conductor decidió que las reglas no eran para él. Y el chofer Henrry González no fue golpeado porque el TRAE fallara. Fue golpeado porque un grupo de adultos decidió que su rabia valía más que la seguridad de los niños que tenía a bordo.
Ese es el problema que ninguna ampliación del TRAE puede resolver por sí sola, y que ningún padre de clase media con opciones va a ignorar a la hora de decidir si pone o no a su hijo en un autobús escolar que transita por las mismas calles que todos los demás.
El TRAE merece crecer. Pero para que crezca de verdad, de manera que genere la confianza necesaria para que más familias lo elijan voluntariamente y no por falta de alternativa, las calles que recorre tienen que cambiar primero. Y eso no es responsabilidad del Ministerio de Educación. Es responsabilidad de un Estado que lleva décadas sin poder o sin querer decirle no a un sector que tiene casi cuatro millones de votos sobre dos ruedas.
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