En República Dominicana se ha instalado una práctica que debería alarmarnos más de lo que lo está haciendo: el uso sistemático de mecanismos de cobro que cruzan la línea entre lo legal y lo abusivo.
Y conviene dejar algo claro desde el inicio: esto no es una defensa del que no paga, es una denuncia de cómo se está cobrando.
Porque una cosa es exigir el cumplimiento de una deuda, y otra muy distinta es convertir ese proceso en una maquinaria de presión que termina afectando la estabilidad laboral, emocional y financiera de las personas.
Llamadas constantes, contactos a familiares, presión en el lugar de trabajo, amenazas veladas o directas, ese es el día a día de miles de dominicanos.
El sistema financiero dominicano no es un vacío, existen leyes, normas y procedimientos que regulan el cobro, pero en la práctica, lo que se está viendo es otra cosa.
Deudas pequeñas que, con recargos e intereses poco transparentes, se convierten en montos impagables, procesos de embargo ejecutados sin que el deudor entienda qué ocurrió, presión constante que termina afectando incluso la permanencia en el empleo, no son casos aislados, es un patrón.
Y cuando un patrón de abuso se repite, deja de ser un problema individual para convertirse en una falla del sistema.
Lo más delicado es que muchas de estas prácticas no solo son agresivas, en algunos casos, son abiertamente cuestionables desde el punto de vista legal.
En República Dominicana: el embargo de ingresos tiene límites y condiciones específicas, existen ingresos que gozan de protección legal, como ciertos salarios y pensiones y, sobre todo, ninguna ejecución debería producirse sin el debido proceso judicial.
Sin embargo, la realidad que denuncian muchos ciudadanos es distinta: retenciones que no se explican, cuentas de nómina afectadas sin claridad, presión que empuja a aceptar condiciones sin entender derechos.
Cuando la ley se ignora —o se interpreta de forma conveniente para quien cobra— ya no estamos ante un proceso legítimo, estamos ante abuso.
Aquí hay responsabilidades que no se pueden evadir, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y Pro Consumidor no son figuras decorativas dentro del sistema.
Tienen el mandato de supervisar, regular y proteger, pero la percepción ciudadana es otra: el ciudadano está solo frente al sistema.
En un país donde la educación financiera sigue siendo limitada, permitir que prácticas abusivas se normalicen es, en la práctica, legitimar el desequilibrio.
Existen mecanismos más inteligentes y más justos: Reestructuración de deudas, acuerdos de pago, conciliaciones supervisadas, pero esos caminos requieren voluntad.
Porque cuando el sistema solo presiona, no recupera:
destruye la capacidad de pago del deudor y eso, al final, es un fracaso para todos.
Lo que debería estar pasando, este no es un tema menor, es una señal de alerta. Urge: Una campaña nacional de educación financiera, supervisión real sobre las empresas de cobro, límites claros al acoso telefónico y laboral, transparencia en intereses, cargos y procesos legales.
Pero, sobre todo, urge algo más básico: que la ley se cumpla como fue concebida, no como conviene a quien cobra.
Porque cuando cobrar se convierte en abuso… el problema deja de ser del deudor y pasa a ser del sistema.
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