Mildred Sena Vittini; Consultora Ambiental; Docente; Prospectivista
La conservación ambiental dejó hace tiempo de ser una discusión exclusivamente ecológica. Hoy representa uno de los mayores desafíos de gobernanza de los territorios, especialmente en países altamente vulnerables como la República Dominicana, donde convergen presiones económicas, desigualdades sociales y una creciente exposición a eventos climáticos extremos.
Las fuertes lluvias registradas en distintos puntos del país durante los últimos años han vuelto a evidenciar una realidad incómoda: muchas de nuestras vulnerabilidades no son únicamente naturales. Son también el resultado de decisiones territoriales acumuladas durante décadas.
Inundaciones recurrentes, comunidades aisladas, deslizamientos de tierra, colapso de drenajes urbanos y afectaciones a medios de vida muestran que el problema trasciende la emergencia climática. Lo que está en juego es la capacidad de anticipar riesgos antes de que estos se conviertan en crisis sociales y económicas.
Y en medio de ese escenario emerge otra discusión igualmente compleja: la minería.
La actividad minera representa una fuente importante de ingresos, inversión y empleo para la economía dominicana. Diversos informes muestran que el sector ha tenido una incidencia significativa en el crecimiento económico nacional, atrayendo inversión extranjera y generando dinamismo territorial en varias provincias.
Negar esa realidad sería simplificar irresponsablemente el debate. Pero ignorar los conflictos sociales, ambientales e hídricos asociados a determinadas prácticas extractivas sería igualmente peligroso.
En distintos territorios del país, comunidades han manifestado preocupación por la degradación ambiental, la presión sobre fuentes de agua, la extracción de materiales en ríos y los impactos acumulativos sobre ecosistemas estratégicos.
El problema es que frecuentemente el debate público se plantea como una confrontación absoluta entre conservación y desarrollo económico, cuando en realidad ambos dependen mutuamente.
No existe desarrollo económico sostenible en territorios ecológicamente colapsados. Pero tampoco puede sostenerse una agenda de conservación desconectada de las condiciones socioeconómicas de las comunidades que habitan esos territorios.
Ahí radica precisamente la complejidad.
Las comunidades vinculadas a actividades extractivas, agrícolas o asentadas en zonas de riesgo no toman decisiones en abstracto. Lo hacen condicionadas por empleo, ingresos, acceso a servicios, vulnerabilidad climática y oportunidades reales de desarrollo. Por eso las políticas ambientales fracasan cuando se diseñan únicamente desde la lógica técnica y no desde la comprensión integral del territorio.
La conservación necesita legitimidad social.
Y la legitimidad social requiere reconocer que las personas no defienden el ambiente solamente por conciencia ecológica, sino también cuando perciben que su bienestar futuro depende de ello.
En un contexto de cambio climático, esta discusión adquiere una dimensión aún más crítica. El aumento en la intensidad de las lluvias, las alteraciones hidrológicas y la expansión de territorios vulnerables están incrementando los costos económicos y sociales de actuar tarde.
La respuesta ya no puede limitarse a reaccionar después del desastre.
Necesitamos fortalecer una capacidad nacional de anticipación.
Anticipar implica comprender cómo interactúan múltiples variables al mismo tiempo: clima, pobreza, uso de suelo, presión económica, gobernanza local, infraestructura, agua y dinámicas productivas. Significa tomar decisiones antes de que las tensiones territoriales se conviertan en conflictos sociales o crisis ambientales irreversibles.
Eso exige una gobernanza más articulada, territorialmente diferenciada y basada en evidencia.
No todas las comunidades enfrentan las mismas condiciones. No todos los territorios tienen la misma capacidad adaptativa. Tampoco todos los proyectos generan los mismos impactos ni las mismas oportunidades. Precisamente por eso las decisiones deben construirse considerando las realidades sociales y económicas específicas de cada territorio.
La anticipación no elimina los conflictos. Pero sí permite gestionarlos con mayor legitimidad, menor improvisación y mejores posibilidades de equilibrio entre conservación, desarrollo y bienestar humano.
Ese probablemente será uno de los grandes desafíos de la República Dominicana en los próximos años: entender que proteger ecosistemas ya no consiste únicamente en conservar recursos naturales, sino en construir territorios capaces de resistir, adaptarse y sostener condiciones dignas de vida frente a un futuro cada vez más incierto.
Porque al final, conservar no es impedir el desarrollo.
Es evitar que el desarrollo destruya las condiciones que hacen posible la vida y la estabilidad de las próximas generaciones.
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