@abrilpenaabreu
Hay crisis que hacen ruido y hay crisis que avanzan en silencio hasta que un día ya es demasiado tarde. La de los ríos dominicanos pertenece al segundo grupo, y el silencio con el que avanza no es accidental sino el resultado acumulado de décadas de mirar para otro lado, de operativos esporádicos que generan comunicados y de jornadas simbólicas de limpieza que no cambian lo que ocurre todos los días cuando las cámaras no están.
Recorrer las cuencas y riberas del país es encontrar una constante que se repite de comunidad en comunidad y de provincia en provincia: extracción ilegal de materiales, basura, descargas sin tratamiento y una sensación de abandono que ningún plan ministerial ha logrado revertir. El Yuna que las comunidades de Bonao recuerdan cristalino y arbolado hoy tiene camiones entrando a diario y un vertedero a 400 metros de la orilla empujando basura al agua. El Yaque del Sur, que generaciones enteras bebieron directamente, hoy huele a aguas negras, en Pedro Brand la gente evita acercarse al suyo para no ver en qué se ha convertido. En Santiago, de cada seis metros cúbicos que consume la ciudad por segundo del Yaque del Norte, 4.5 vuelven al cauce sin tratamiento. En el Isabela, los lixiviados del vertedero de Duquesa desembocan en el mismo cauce que termina abrazándose con el Ozama, mientras familias se bañan en manantiales cercanos sin saber que pocos kilómetros más arriba el río ya está muerto.
Eso no es un problema nuevo ni es exclusivo de este gobierno ni del anterior, es una deuda estructural que ninguna administración ha saldado con la seriedad que el tema exige, y hay que decirlo así, sin hacer demagogia fácil, porque los ríos no se mueren solos y las responsabilidades son compartidas: los ayuntamientos que no controlan los vertidos, los ciudadanos que convierten cañadas en vertederos, las empresas que contaminan sin consecuencias visibles, los sectores que extraen materiales sin reparar el daño, y las estructuras vinculadas a actividades ilícitas que han migrado a la extracción de agregados porque el propio presidente Abinader reconoció que ese negocio ilegal se parece casi al narcotráfico por la facilidad con que permite lavar dinero.
En comunidades de La Vega y otras provincias, líderes llevan años advirtiendo sobre la extracción de arena y la deforestación sin que llegara respuesta institucional efectiva, y la conclusión a la que han llegado es tan simple como demoledora: las sanciones se volvieron un tributo al delito.
Ahora bien, si existe una entidad cuya misión es proteger los recursos naturales, supervisar, sancionar y prevenir, esa entidad es Medio Ambiente, y la pregunta que hay que hacer sin rodeos es si estamos frente a una falta de capacidad, una falta de recursos o una falta de presencia sostenida en el territorio, porque proteger un río no puede reducirse a operativos esporádicos y comunicados de prensa.
Hay que reconocer lo que existe. El ministerio declaró de urgencia ambiental el río Haina, activó el Gabinete del Río Ozama, inició el Plan de Manejo de 15 cuencas prioritarias y suma cientos de millones de dólares en financiamiento internacional comprometido, desde los 80 millones del proyecto Pargirh para el Yaque del Norte y el Ozama-Isabela hasta los 20 millones para el Yaque del Sur, los 34 millones del programa From Ridge to Reef y los 11.5 millones para la cuenca del Yuna. En papel, los proyectos existen. En el terreno, los resultados siguen siendo desiguales, y el propio Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 admite que los procesos de planificación previos tuvieron debilidades por falta de línea base ordenada, y que una vez elaborados, los planes no se oficializaron.Esa distancia entre los planes y el agua es el verdadero problema.
Y no es solamente un tema ecológico, aunque ya sería razón suficiente para actuar con urgencia. Es un tema de agua potable, de producción agrícola, de salud pública, de turismo y de seguridad alimentaria, porque de más de 1,600 fuentes acuíferas que existen en el país, 400 ya están agotadas, y las cuencas contaminadas favorecen enfermedades gastrointestinales, dengue y leptospirosis que impactan directamente a las comunidades que dependen de esos ríos para vivir. Un país que quiere crecer su sector turístico al mismo tiempo que permite que sus ríos se conviertan en canales de basura está construyendo sobre una contradicción que tarde o temprano cobra su precio.
Quizás todavía estamos a tiempo. Pero las voces de las comunidades que han visto morir sus ríos no dejan mucho espacio para el optimismo fácil. Dentro de unos años la pregunta no será qué pasó. La pregunta será por qué vimos venir el problema durante décadas, con planes, con financiamiento, con diagnósticos técnicos y con comunidades enteras gritando que había que hacer algo, y aun así no hicimos lo suficiente para evitarlo.
Y esa es una pregunta que ningún comunicado de prensa va a poder responder.
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