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Quince días han transcurrido desde que los terremotos del 24 de junio sacudieron a Venezuela, y el estado de La Guaira sigue sumido en una fase extremadamente difícil de la tragedia, caracterizada por la recuperación de cuerpos, la remoción de escombros y la búsqueda de una normalidad que todavía parece muy lejana. En esta etapa, el intenso despliegue de voluntarios, rescatistas y donaciones que se observó en los primeros días ha dado paso a un ambiente de desolación y silencio.
La sociedad civil, que inicialmente había respondido con gran solidaridad, ha visto disminuir su capacidad de apoyo, y ahora son los organismos del Estado, junto con equipos de cooperación internacional, los que lideran las labores en las zonas devastadas. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha extinguido prácticamente, lo que ha llevado a un cambio en la dinámica de los trabajos de rescue y recuperación.
En sectores como Catia La Mar, Macuto, Caraballeda y Tanaguarenas, que sufrieron algunos de los daños más graves, ya no se ven las largas filas de civiles removiendo escombros con sus propias manos. En su lugar, bomberos, funcionarios de Protección Civil, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y maquinaria pesada trabajan incansablemente. Aunque oficialmente las operaciones siguen siendo de búsqueda y rescate, la realidad en el terreno es que el paso del tiempo ha reducido casi por completo las posibilidades de encontrar personas con vida.
Un miembro de la Milicia Bolivariana que participa en las labores de recuperación expresó: «No recuerdo la última vez que apareció alguien con vida. Cuerpos sí están sacando todavía, hay muchos ahí». La noticia del supuesto rescate de un sobreviviente durante la noche del martes fue desmentida por residentes de la zona, quienes ya no creen posible hallar personas vivas entre los edificios colapsados.
A pesar de esto, los rescatistas siguen solicitando silencio absoluto en determinados momentos, especialmente en sectores como Playa El Yate, donde todavía se realizan inspecciones entre los escombros. En complejos residenciales severamente afectados, como la Misión Vivienda Los Cocos en Caraballeda, las grúas y equipos pesados han reemplazado el trabajo manual de los primeros días.
Las autoridades se centran en las edificaciones donde se presume que aún permanecen víctimas atrapadas, pero la magnitud del desastre supera la capacidad operativa disponible. A lo largo del recorrido entre Catia La Mar y Caraballeda, abundan edificios y viviendas destruidas donde todavía no han comenzado las labores de remoción. Aunque el Gobierno ha habilitado refugios temporales, muchas familias continúan viviendo en improvisados campamentos levantados en calles y avenidas.
La pérdida total de viviendas se suma a otro problema: decenas de edificios que permanecen en pie fueron declarados inhabitables debido al riesgo de colapso estructural y deberán ser demolidos. En Caraballeda, por ejemplo, una de las edificaciones cercanas al área comercial fue marcada con la palabra «cediendo», reflejando el peligro que representan estas estructuras para sus antiguos residentes.
La actividad económica también sigue gravemente afectada. En las zonas más golpeadas apenas funcionan algunos pequeños negocios de comida, mientras supermercados, bodegas y otros establecimientos permanecen cerrados. Muchas familias no solo perdieron sus viviendas, sino también sus fuentes de ingresos. La situación resulta especialmente compleja debido a que buena parte de la economía de La Guaira dependía del turismo, una actividad que quedó prácticamente suspendida tras el desastre.
Mientras tanto, organizaciones internacionales mantienen la distribución de alimentos y ayuda humanitaria para miles de afectados que continúan dependiendo de la asistencia para cubrir sus necesidades básicas. El Cementerio Jardines de la Esperanza, ubicado en la vía hacia Carayaca, se ha convertido en uno de los principales puntos para la inhumación de víctimas que aún no han podido ser identificadas.
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